Houston, 11 de diciembre de 2025.-A partir del 1 de enero de 2026, Texas implementará una nueva ley estatal que fortalece la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos para la detención y posible deportación de personas que viven en el país sin autorización.
La norma, conocida como Senate Bill 8 (SB 8), obliga a la mayoría de los alguaciles de los condados de Texas a colaborar formalmente con ICE mediante el programa federal 287(g).
Este programa permite que las autoridades locales, bajo un acuerdo con ICE, realicen funciones que normalmente corresponden al gobierno federal, como interrogar sobre el estatus migratorio de los detenidos o ejecutar órdenes de detención migratoria.
Texas Immigration Law Council
Dependiendo del tipo de acuerdo, los agentes locales pueden:
Identificar y procesar a personas por violaciones migratorias dentro de las cárceles locales.
Servir y ejecutar órdenes administrativas de detención de inmigrantes.
En algunos casos, actuar en conjunto con ICE fuera de prisiones tras recibir capacitación y autorización federal.
La ley exige que los alguaciles de condados con más de 100 000 habitantes soliciten y, si es ofrecido por ICE, firmen un acuerdo 287(g). Los condados más pequeños tienen opción, pero aún pueden recibir subvenciones si participan.
Apoyo financiero estatal
Texas establecerá un programa de subsidios para ayudar a los condados a cubrir los costos operativos de implementar la cooperación con ICE, como entrenamiento y recursos adicionales necesarios para cumplir con las obligaciones de la ley.
Argumentos de los partidarios
Los defensores de la medida afirman que esta ley:
Fortalece el orden y la seguridad pública al permitir que la policía local responda más eficazmente a delitos cometidos por migrantes indocumentados.
Unifica criterios estatales para evitar que unos condados colaboren con ICE y otros no, creando disparidades en la aplicación de la ley.
Críticas y preocupaciones
Organizaciones en defensa de derechos civiles, comunidades migrantes y grupos humanitarios han expresado inquietudes, entre ellas:
Riesgo de discriminación racial y perfilamiento, ya que la cooperación podría llevar a detenciones basadas en sospecha de estatus migratorio.
Erosión de la confianza comunitaria entre residentes y fuerzas del orden locales, ya que personas vulnerables podrían evitar denunciar delitos por miedo a ser detenidas.
Carga económica para condados más pobres, incluso con subsidios, para mantener la infraestructura y personal requerido por ICE.
Contexto político más amplio
Esta ley se da en un contexto de políticas migratorias más estrictas en todo Estados Unidos, donde el gobierno federal ha reactivado y extendido programas de cooperación con fuerzas locales para reforzar la deportación de inmigrantes sin estatus legal.
