El viernes, la administración de Trump reveló que pagará a los niños migrantes hasta 2,500 dólares por su regreso voluntario a sus países de origen, constituyendo así un nuevo incentivo para convencer a quienes desean deportarse por su propia voluntad. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. no especificó cuánto dinero recibirían exactamente los migrantes ni cuándo comenzaría oficialmente esta oferta, aunque la agencia Associated Press logró obtener un correo electrónico dirigido a los centros de acogida de migrantes donde se indicaba que los niños mayores de 14 años recibirían esa cantidad por cada uno. A estos menores se les dio un plazo de 24 horas para aceptar o rechazar la propuesta.
El aviso, enviado por la Oficina de Familias y Niños del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tampoco mencionaba las posibles consecuencias para quienes decidieran no aceptar el incentivo. Lo único que solicitaban era que los responsables de los refugios confirmaran si estaban de acuerdo con la oferta en un lapso de cuatro horas. La ICE, por su parte, aclaró en un comunicado que inicialmente esta oferta estaba dirigida a jóvenes de 17 años.
"El pago -indicó- sería entregado solo después de que un juez de inmigración conceda la solicitud y el migrante regrese a su país". Añadieron que esa ayuda financiera puede ser un respaldo importante si deciden optar por esa salida. Sin embargo, ni la ICE ni los otros departamentos relacionados -Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos- respondieron de inmediato a las preguntas sobre cuánto sería exactamente el pago ni qué edades serían elegibles.
Por si fuera poco, la agencia desestimó los rumores que circulaban entre abogados y defensores de inmigrantes, acerca de que este viernes se lanzaría una ofensiva más agresiva y masiva para deportar a los menores que ingresaron sin sus padres, conocidos también como los que participan en el temido "Viernes raro".
Además, la administración ofrece 1,000 dólares a los adultos que decidan salir de forma voluntaria del país. Ante estas propuestas, los defensores advierten que el incentivo de 2,500 dólares puede hacer que los niños no tomen decisiones plenamente informadas -porque, ¿quién puede negar que esa cantidad, para un menor, puede ser simplemente abrumadora?- y que puede dificultar que evalúen correctamente los riesgos de aceptar esa salida versus permanecer en EE. UU. y pasar por el proceso legal para, quizás, obtener algún tipo de alivio migratorio. Melissa Adamson, abogada sénior del Centro Nacional de Leyes para Jóvenes, explica que para un niño esa suma puede representar lo más grande que hayan visto en su vida, complicando así su criterio para decidir.
Por su parte, Murad Awawdeh, jefe de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York, comparte la misma preocupación: que esa oferta puede presionar a los menores a renunciar a sus derechos legales y regresar a un entorno lleno de inseguridad y miedo, sin haber tenido la posibilidad de una audiencia justa.
Desde octubre de 2021, las autoridades fronterizas en EE. UU. han detenido a más de 400,000 niños que cruzaron sin acompañantes. Una ley de 2008 obliga a estos menores a comparecer ante un juez de inmigración antes de ser deportados.
Desde que la administración Trump intensificó los controles sobre los niños -implementando medidas como toma de huellas, pruebas de ADN y visitas domiciliarias-, los menores han permanecido en centros de acogida durante más tiempo. Esta partida de vigilancia incluye también operativos y arrestos en los hogares de los padres, especialmente durante el verano pasado.
El tiempo que, en promedio, estos niños permanecieron en refugios gubernamentales en EE. UU. fue de 171 días en julio, misma cifra que en abril, aunque menor a los 217 días de antes, en abril. Sin embargo, esa cifra todavía es muy superior a los 37 días que permanecieron en enero, cuando Trump dejó la presidencia.
