Houston, 26 de octubre 2025.-El gobierno de Estados Unidos presentó cargos federales de terrorismo contra dos hombres de Texas, identificados como Cameron Arnold y Zachary Evetts, acusados de participar en un ataque armado contra un centro de detención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Alvarado, Texas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados formaban parte de una supuesta célula de Antifa y habrían planeado el atentado con el propósito de sabotear las operaciones del centro, donde se encontraban retenidos migrantes en proceso de deportación.
Primer caso de "terrorismo doméstico" vinculado a Antifa
Se trata del primer caso en que la justicia estadounidense aplica cargos de terrorismo a presuntos miembros de este movimiento, considerado por el gobierno de Donald Trump como una organización terrorista desde septiembre.
La acusación formal, presentada ante un gran jurado federal, incluye los delitos de apoyo material a terroristas, intento de asesinato de agentes federales y uso de armas de fuego durante la comisión de un crimen violento.
El ataque
Según la investigación, los dos sospechosos abrieron fuego contra las instalaciones del Centro Prairieland Detention, provocando daños materiales y la evacuación del personal, aunque no se reportaron víctimas mortales.
Las autoridades hallaron en sus domicilios armas de alto calibre, explosivos caseros y propaganda anarquista, además de mensajes en redes sociales en los que se atribuían el atentado como un acto de "resistencia antifascista".
Repercusiones políticas
El caso ha generado una fuerte reacción política en Washington. El fiscal general aseguró que el gobierno "no tolerará el terrorismo doméstico de ninguna índole", mientras que grupos de derechos civiles han expresado preocupación por el precedente que sienta la designación de movimientos políticos descentralizados como organizaciones terroristas.
Analistas señalan que este proceso podría marcar un punto de inflexión en la política de seguridad interna de Estados Unidos, ya que amplía el alcance de las leyes antiterroristas a actores domésticos.
Los acusados se presentarán ante un tribunal federal el 22 de octubre, donde podrían enfrentar penas que incluyen cadena perpetua si son declarados culpables.