Ciudad Victoria, 31 de marzo de 2026.-- En el marco de las comparecencias para definir al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la crisis de desapariciones y la demanda de justicia de los colectivos de búsqueda se posicionaron como temas ineludibles. Sin embargo, el debate legislativo evidenció que las soluciones propuestas carecen de un sustento estadístico que dimensione la magnitud de la crisis forense que atraviesa la entidad.
El punto central de la discusión fue la atención a los colectivos de madres buscadoras. Los legisladores cuestionaron a los aspirantes sobre estrategias concretas para canalizar los "reclamos constantes" de estas organizaciones, quienes han denunciado históricamente una falta de sensibilidad y resultados. Los aspirantes coincidieron en que la Fiscalía debe dejar de ser una barrera burocrática y convertirse en un facilitador, aunque no se presentaron metas cuantitativas sobre la reducción de la lista de espera de identificación de restos.
Uno de los pilares de la propuesta técnica fue la especialización forense. Se discutió la urgencia de mejorar la infraestructura en áreas críticas como genética y análisis de restos humanos. El planteamiento general reconoció que el estado no puede dar respuestas prontas a los deudos si no se recluta personal de alta especialización y se dota a los laboratorios de tecnología de punta.
A pesar de la relevancia del tema, la discusión se desarrolló sin datos duros sobre el número de restos sin identificar en los semefos del estado o la capacidad actual de procesamiento de ADN. La intención legislativa busca establecer por ley una respuesta expedita para los deudos, pero se enfrenta al reto de estructurar esta mejora sin un diagnóstico público que detalle el déficit real de peritos y recursos forenses en las diversas regiones de Tamaulipas.
Finalmente, los aspirantes subrayaron que la atención a las víctimas debe ser el eje rector de la nueva Fiscalía. Se propuso que el contacto con los colectivos de búsqueda sea directo y permanente, eliminando los intermediarios que ralentizan las investigaciones, con el objetivo de profesionalizar la búsqueda e identificación humana bajo estándares internacionales de derechos humanos.
