Ciudad Victoria, Tamps., julio de 2025.-Bajo el argumento de "prevenir riesgos y proteger a la población", el diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, del grupo parlamentario de Morena, presentó ante la Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas una iniciativa para expedir una nueva ley estatal sobre infraestructura energética.
Aunque el documento se presenta como una medida de seguridad y protección civil, su contenido amplía las facultades del gobierno estatal y de la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER), lo que podría derivar en un mayor control político y burocrático sobre el sector energético y los municipios.
Una ley con buenas intenciones, pero con mucho poder concentrado
La iniciativa pretende establecer mecanismos obligatorios de verificación y supervisión para cualquier obra pública o privada que se desarrolle cerca de infraestructura energética: ductos de gas, etano o petrolíferos.
Los desarrolladores deberán solicitar autorización directa de la SEDENER antes de realizar excavaciones o construcciones a menos de 50 metros de los ductos, mientras que los municipios no podrán aprobar obras sin ese visto bueno.
El texto también ordena la creación de un Sistema de Información Energética Estatal de Tamaulipas (SISET), centralizado en la SEDENER, que concentrará todos los datos de infraestructura energética, pública y privada.
Ese sistema, que en teoría servirá para "mitigar riesgos", podría convertirse en una herramienta de vigilancia y control político sobre empresas y gobiernos municipales.
Preocupación entre técnicos y alcaldes
Ingenieros y funcionarios locales han advertido que la iniciativa podría ralentizar proyectos de obra pública y privada, al imponer nuevos pasos burocráticos y dependencias técnicas.
En especial, preocupa que los municipios pierdan autonomía para autorizar obras de infraestructura urbana, quedando subordinados a la SEDENER -una dependencia estatal de línea morenista.
"Se presenta como una ley de seguridad, pero en el fondo es un filtro político y administrativo sobre la inversión energética y la construcción civil", señaló un especialista consultado.
Riesgos y contradicciones
Aunque el texto invoca la protección civil y menciona accidentes por gas o hidrocarburos, la ley replica normativas ya contempladas en disposiciones federales, como la NOM-007-ASEA-2016, por lo que analistas cuestionan su necesidad real.
Además, los municipios deberán asumir nuevos costos administrativos y reportes técnicos sin recibir recursos adicionales, lo que podría agravar su carga operativa.
En paralelo, el discurso de la iniciativa -cerrando con el lema "Por la Cuarta Transformación de la vida pública de México"- revela que la propuesta no es solo técnica, sino también política.
Centralismo disfrazado de protección
De aprobarse, la nueva ley daría a la SEDENER la capacidad de detener o condicionar obras municipales y privadas, incluso cuando cuenten con permisos federales.
Ese poder centralizado reconfigura la relación entre municipios y Estado, bajo el argumento de "prevenir fugas o explosiones".
Lo que parece un acto de prevención puede convertirse en un mecanismo de control político y económico sobre el desarrollo energético local, justo en un estado estratégico por su red de gasoductos y proyectos de energía eólica.
