Aunque en Tamaulipas las denuncias por aborto han experimentado una ligera reducción, la interrupción voluntaria del embarazo sigue considerándose delito en la entidad —uno de los pocos estados del país donde aún no se ha despenalizado—. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), basados en información de la Fiscalía de Justicia, entre enero y agosto de este año se iniciaron 38 carpetas de investigación relacionadas con el aborto. La estadística mensual señala que se presentaron tres casos en enero, cuatro en febrero, tres en marzo, cuatro en abril, seis en mayo, siete en junio, seis en julio y cinco en agosto.
Comparando el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 45 investigaciones, la cifra muestra una disminución aproximada del 15%, según los registros oficiales. Vale recordar que el 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Accesible, conocido también como la jornada por la Despenalización y Legalización del Aborto.
En mayo reciente, la diputada local de Morena, Lucero Deosdady Martínez, reveló que el asunto estaba siendo discutido y su aprobación en el Congreso parecía inminente. Argumentó que dejar de considerar el aborto como un delito en Tamaulipas representa un asunto no solo de derechos humanos, sino también de salud pública, citando el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema.
Como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Diversidad, Martínez indicó que, gracias a la mayoría de Morena en el Congreso, la bancada planeaba retomar el debate. Insistió en que el tema es urgente, por lo que se están llevando a cabo consultas con grupos feministas para enriquecer las decisiones legislativas. Desde su punto de vista, mantener la criminalización del aborto pone en riesgo la salud de numerosas mujeres debido a posibles complicaciones médicas.
