Ciudad Victoria, 31 de marzo de 2026.- Durante la sesión de comparecencias para la titularidad de la Fiscalía General de Justicia, los aspirantes y legisladores de la Comisión de Justicia discutieron reformas operativas críticas basándose en reportes ciudadanos, pero sin presentar bases de datos o indicadores estadísticos que sustenten la magnitud de las problemáticas abordadas.
El debate se centró en la denuncia de la diputada Catalina Méndez sobre el rechazo sistemático de denuncias ciudadanas. Según los planteamientos en el Congreso, el personal de la Fiscalía argumenta una "falta de pruebas" para no iniciar carpetas de investigación o recibir denuncias. A pesar de la gravedad de este señalamiento, no se proporcionaron cifras oficiales sobre cuántas denuncias son rechazadas bajo este criterio ni en qué municipios se concentra esta práctica.
Por su parte, la aspirante Marisol Borja Lerma reconoció que existen deficiencias técnicas en la integración de las investigaciones que derivan en sentencias absolutorias por "insuficiencia probatoria". No obstante, la discusión no incluyó porcentajes de efectividad en litigación ni comparativas anuales que permitieran medir el deterioro o avance de la procuración de justicia en el estado.
En cuanto a la infraestructura humana, se mencionó que la fiscalía opera actualmente con poco más de 800 policías investigadores. Los candidatos propusieron elevar esta cifra a 1,100 agentes y alcanzar entre 500 y 600 agentes del Ministerio Público, aunque no se exhibió un estudio técnico o estadístico que validara que este incremento específico sea el necesario para resolver el rezago de expedientes.
Los legisladores enfatizaron que han recibido quejas constantes de mujeres que son revictimizadas al intentar denunciar violencia de género. Ante esto, se propusieron protocolos de atención obligatorios y la vigilancia directa del Fiscal en las áreas de atención, pero estas medidas se diseñaron sin un diagnóstico cuantitativo previo que identifique los cuellos de botella administrativos.
El proceso de selección continuó bajo esta tónica, priorizando la trayectoria biográfica y las propuestas de gestión sobre el análisis de datos duros. Los aspirantes se comprometieron a profesionalizar al personal para evitar que la "falta de pruebas" sea una excusa, pero no se establecieron metas numéricas ni indicadores de desempeño para evaluar dicho avance en el corto plazo.
Finalmente, la sesión concluyó con el reconocimiento de que la percepción ciudadana es negativa debido a la impunidad, pero sin que el cuerpo legislativo contara con un informe estadístico que permita determinar si las propuestas de los aspirantes son suficientes para revertir la incidencia delictiva y las fallas procesales en Tamaulipas.
