Ciudad Victoria, 10 de diciembre de 2025.- El Congreso de Tamaulipas discute el proyecto de reforma al marco legal del agua, inspirada en los lineamientos de la futura Ley General de Aguas y alineada con los objetivos de la Agenda 2030 que plantea el fin del esquema tradicional de concesiones y la transición hacia un modelo donde el agua se considere un bien público de gestión estrictamente estatal y social.
La discusión se desarrolla en uno de los momentos más delicados para Tamaulipas; el estado enfrenta un escenario crítico: México adeuda a Estados Unidos alrededor de mil millones de metros cúbicos de agua, volumen que debe ser transferido desde cuencas que involucran directamente al territorio tamaulipeco. Este monto equivale aproximadamente a una cuarta parte del agua actualmente almacenada en el estado, una proporción que subraya la gravedad del momento.
El déficit no es nuevo, pero se ha intensificado por la presión política. Con la llegada de Donald Trump nuevamente a la escena estadounidense, gobernadores del sur de Texas han endurecido su postura y han presionado para que Washington exija el cumplimiento inmediato, y sin flexibilidad, del Tratado de Aguas de 1944. El mensaje es claro: o México entrega el agua, o habrá repercusiones comerciales y diplomáticas.
Tamaulipas cuenta con más de 4 mil millones de metros cúbicos de agua, y la deuda que se tiene con USA mediante el acuerdo, es de mil millones.
Para Tamaulipas, el costo es desproporcionado. Los niveles de almacenamiento en presas como Falcón y Marte R. Gómez han caído a mínimos históricos, y cualquier trasvase significativo implicaría sacrificar agua destinada al riego, al consumo humano o ambas. Las organizaciones agrícolas locales advierten que un trasvase de ese tamaño podría significar la pérdida de cosechas enteras y el colapso de sectores productivos que dependen del Río Bravo.
En este contexto, la reforma que discute el Congreso adquiere una dimensión extraordinaria. Legisladores señalan que la eliminación de concesiones y la reorganización completa del sistema de gestión del agua permitirían "recuperar soberanía hídrica" y evitar abusos en la extracción privada. Sin embargo, críticos del proyecto anticipan que, sin una política integral de almacenamiento y recuperación de cuencas, el cambio legal podría quedarse en una declaración de principios incapaz de resolver el fondo del problema.
Mientras tanto, la deuda con Estados Unidos sigue corriendo. Tamaulipas permanece en el centro del huracán, atrapado entre el mandato federal, la presión diplomática y la realidad física de sus presas semivacías. En palabras de un legislador local:
"Estamos intentando legislar el futuro del agua, cuando ni siquiera tenemos agua para el presente."
