Ciudad Victoria, 14 de octubre.- La diputada María del Rosario González Flores, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, presentó ante el Congreso de Tamaulipas una iniciativa con proyecto de punto de acuerdo para que el Poder Legislativo estatal solicite al Congreso de la Unión reformar el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de obligar a concesionarios y empresas de internet a ofrecer servicios gratuitos de control parental.
La medida busca proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos no aptos, como pornografía, violencia extrema, autolesiones, tortura o material sexualizado, accesibles desde plataformas digitales y redes sociales.
"Se trata de garantizar el pleno desarrollo mental y emocional de los menores y evitar conductas de riesgo", expone el documento firmado por la legisladora panista y respaldado por su bancada.
De aprobarse la reforma, compañías como Telmex, Totalplay, Izzi o Megacable, entre otras, estarían obligadas a incluir herramientas de control parental en sus paquetes de internet sin costo adicional, además de publicar instrucciones sencillas y accesibles para su uso.
El texto cita estadísticas alarmantes:
México está entre los cinco países del mundo con mayor consumo de pornografía, Primer lugar en difusión de pornografía infantil, y segundo en producción, según la organización internacional ECPAT.
La diputada advierte que la exposición a contenidos de tipo sexual o violento a edades tempranas distorsiona la percepción de la sexualidad, fomenta la misoginia y puede derivar en violencia de pareja en la vida adulta.
Efectos y observaciones positivas
Mayor protección a menores:
La iniciativa fortalecería el marco legal para evitar el acceso libre a material sexual, violento o de odio, respondiendo a recomendaciones internacionales como la Observación General 25 de la ONU sobre derechos digitales de la niñez.
Cultura digital responsable:
Fomentaría una educación parental activa, al promover el acompañamiento de los padres en el uso de internet, un terreno donde -como señala el documento- existe una "amplia permisividad y falta de supervisión".
Reducción de riesgos psicológicos y sociales:
Psicólogos consultados coinciden en que los menores expuestos a pornografía o violencia digital son más propensos a reproducir conductas agresivas, sufrir ansiedad o distorsionar la idea del consentimiento sexual.
Cumplimiento de deber estatal:
México, al ser parte de la Convención de los Derechos del Niño, está obligado a proteger a menores de contenidos dañinos. Esta medida reforzaría ese compromiso desde el ámbito tecnológico.
Posibles efectos negativos o controversiales
Riesgo de censura y violación a la privacidad:
Especialistas en derechos digitales advierten que la obligatoriedad del bloqueo podría abrir la puerta a la censura de contenidos legítimos, especialmente si no hay criterios claros sobre qué es "no apto" o "inapropiado".
Carga tecnológica para las empresas:
Las concesionarias tendrían que desarrollar, mantener y garantizar sistemas gratuitos de control parental, lo cual implicaría costos de infraestructura y soporte técnico que podrían repercutir indirectamente en las tarifas de los usuarios.
Dificultad práctica:
Muchos hogares mexicanos carecen de conocimiento digital para configurar o administrar estas herramientas. Sin capacitación, el control parental podría convertirse en una medida simbólica pero ineficaz.
Debate ideológico:
Organizaciones de derechos sexuales han advertido que medidas de este tipo pueden confundirse con intentos de moralización o restricciones al acceso a información sexual educativa, especialmente si son impulsadas desde posturas conservadoras.
