El Congreso del Estado, a través de una iniciativa del diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, de Morena, solicitó a la Secretaría de Salud las estadísticas de niñas menores de 15 años que han dado a luz en Tamaulipas durante los últimos cinco años mediante una iniciativa que pondrán en la mesa, mañana.
En apariencia, el documento busca información para fortalecer políticas públicas de prevención del embarazo adolescente. Pero en el fondo, la solicitud apunta a un tema mucho más profundo -y polémico-: el aborto.
Tamaulipas sigue siendo uno de los pocos estados donde el aborto está penalizado, salvo en casos de violación o riesgo de muerte para la madre.
Sin embargo, todos saben que en la práctica el aborto ocurre de manera libre, silenciosa e institucionalizada, y que esto, es evidencia de la mala o pésima educación que padece la juventud tamaulipeca.
Basta con mirar lo que sucede en los hospitales públicos: las adolescentes -a veces menores de 14 años- llegan con hemorragias o complicaciones después de haber tomado Cytotek (misoprostol), un medicamento de uso común para provocar la expulsión del feto.
Además, detrás de esta práctica silenciosa se esconde otro riesgo que nadie quiere mencionar: la propagación del virus del papiloma humano desde la promiscuidad juvenil.
Las adolescentes que recurren a abortos inducidos -ya sea con fármacos o procedimientos clandestinos- rara vez reciben seguimiento ginecológico.
No hay tamizajes, no hay vacunación, no hay vigilancia médica.
Y en ese vacío sanitario se multiplica el VPH, una amenaza latente que se convertirá en la próxima crisis de salud pública femenina en Tamaulipas.
Es la consecuencia directa de una política que calla el aborto, pero también descuida la salud reproductiva integral.
Y aunque el aborto es un delito, en la mayoría de los casos no se investiga ni se sanciona desde la posible revictimización de la paciente, en caso de haber sufrido abuso sexual. El sistema se limita a atender la emergencia, hacer el legrado uterino, dar de alta a la paciente, y cerrar el expediente sin preguntas.
De hecho, podría decirse que el aborto en Tamaulipas ya es gratuito y tolerado, solo que bajo otra narrativa: la del "manejo médico postaborto".
Las cifras que pide el Congreso no servirán para "prevenir" embarazos infantiles, como se afirma en la exposición de motivos, sino para construir una base estadística que respalde, eventualmente, la despenalización del aborto.
Porque detrás del lenguaje de los "derechos sexuales y reproductivos" y de la "salud integral de las adolescentes", se está tejiendo un argumento jurídico y sanitario que tarde o temprano llegará al pleno legislativo.Y aquí surge la pregunta central:
¿Por qué un órgano legislativo, cuya función es crear o modificar leyes, pide información estadística que corresponde al sector salud?
La respuesta es política.
En la práctica, estos datos serán la antesala de un nuevo debate sobre la interrupción legal del embarazo, un tema que Morena y sus aliados ya han impulsado en otras entidades.
Antes de proponer una reforma directa -que generaría resistencia-, buscan acumular evidencia institucional: cifras oficiales, diagnósticos médicos y respaldos internacionales (OMS, ONU, UNFPA) que permitan justificar una eventual modificación del Código Penal.
Mientras tanto, el aborto seguirá ocurriendo todos los días en Tamaulipas, fuera del marco legal, pero dentro de los hospitales públicos.
Una práctica tolerada, silenciosa y sin registro.
Y tal vez, lo que el Congreso busca con esta iniciativa no sea frenar esa realidad, sino oficializarla, aunque esto signifique promover libertades a los jóvenes con consecuencias como el SIDA, el Cáncer de matriz, y otro tipo de enfermedades sexuales.
