Ciudad de México.- La iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye un apartado inédito en la legislación mexicana: la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de bots en campañas políticas.
La propuesta plantea tres medidas centrales:
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Etiquetado obligatorio de contenido generado con inteligencia artificial.
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Prohibición del uso de bots y mecanismos automatizados en campañas.
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Facultad del Instituto Nacional Electoral para ordenar el retiro de campañas digitales irregulares.
El argumento oficial sostiene que la medida busca proteger la integridad del proceso electoral frente a nuevas formas de manipulación digital. Sin embargo, especialistas advierten que el diseño de estas facultades podría impactar directamente en el ejercicio de la libertad de expresión.
Etiquetado obligatorio de IA
La reforma propone que todo contenido político generado o manipulado con inteligencia artificial -como audios sintéticos, videos alterados o imágenes creadas digitalmente- deba incluir un aviso claro que informe al ciudadano que se trata de material generado con IA.
La intención es evitar que deepfakes o contenidos hiperrealistas influyan en el voto mediante engaño.
El punto crítico aquí es operativo:
¿Quién determinará qué contenido fue generado con IA? ¿Qué estándares técnicos se utilizarán? ¿Qué ocurre si un usuario común comparte material sin saber su origen?
Prohibición de bots
La iniciativa también plantea prohibir el uso de cuentas automatizadas y redes coordinadas para influir artificialmente en tendencias digitales durante campañas.
El gobierno ha señalado que en procesos anteriores se detectaron patrones de amplificación artificial de narrativas políticas, citando como ejemplo la campaña digital conocida como "narco-presidente" durante la elección de 2024.
El desafío técnico es distinguir entre:
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Activismo digital orgánico.
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Estrategias legítimas de comunicación.
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Redes coordinadas artificialmente.
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Automatización ilegal.
Sin criterios transparentes, el riesgo es que la línea entre manipulación y expresión política intensa se vuelva difusa.
Facultades del INE para bajar contenido
El elemento más controvertido es la facultad que tendría el INE para ordenar el retiro inmediato de campañas digitales consideradas irregulares.
Actualmente el árbitro electoral regula tiempos en radio y televisión. Con la reforma, su alcance se extendería al entorno digital.
El debate central gira en torno a tres preguntas:
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¿Se trata de una herramienta para frenar la desinformación o de un mecanismo que podría utilizarse para inhibir narrativas críticas?
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¿Existirá derecho de audiencia previo?
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¿Habrá revisión judicial expedita?
Expertos constitucionalistas señalan que cualquier intervención estatal en contenidos políticos debe cumplir con criterios de proporcionalidad, necesidad y mínima restricción, dado que el discurso político goza del más alto nivel de protección constitucional.
Libertad de expresión en juego
El artículo 6° constitucional protege la libertad de expresión y el derecho a la información. En materia electoral, la Suprema Corte ha sostenido que el debate político debe ser especialmente robusto.
Regular bots y deepfakes puede fortalecer la equidad electoral.
Pero si la facultad de bajar contenido no está acotada con precisión, podría generar incentivos para la autocensura o para el uso discrecional del poder.
El riesgo no depende únicamente de la intención del gobierno actual, sino del precedente institucional que se establezca para futuras administraciones.
El dilema democrático
La reforma coloca a México en una discusión global: cómo regular la inteligencia artificial en procesos electorales sin erosionar derechos fundamentales.
La tensión es clara:
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Sin regulación, el espacio digital puede ser manipulado masivamente.
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Con regulación amplia, el Estado puede convertirse en árbitro del discurso político.
El debate legislativo que se abrirá en el Congreso no sólo definirá reglas técnicas, sino el equilibrio entre integridad electoral y libertad de expresión en la era digital.
