Ciudad de México, 13 de abril de 2026.-Hace dos semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como "gesto de acercamiento" que el rey Felipe VI reconociera que en la Conquista hubo "mucho abuso". No fue una disculpa formal, pero bastó para reavivar un debate que lleva siete años empantanando la relación México-España: la exigencia de que el Estado español pida perdón por hechos ocurridos hace más de cinco siglos.
La discusión, heredada del sexenio de López Obrador, se presenta como un acto de dignidad histórica. Vista con frialdad, es un callejón sin salida diplomática y un despropósito lógico.
El 1 de marzo de 2019, Andrés Manuel López Obrador envió al rey de España una carta para que "de manera pública y oficial" reconociera los agravios de la Conquista y se redactara un "relato compartido" de la historia común. La petición iba acompañada de la tesis central del obradorismo: "La llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz, se edificaron las iglesias arriba de los templos". Desde entonces, la idea de que México debe ser desagraviado se volvió política de Estado. Sheinbaum la ha retomado con matices, pero sin abandonarla.
El primer obstáculo es temporal y es insalvable. Pedir que un jefe de Estado del siglo XXI se responsabilice de las decisiones de una monarquía absoluta del siglo XVI supone que la culpa es hereditaria y que las naciones son sujetos morales continuos. Felipe VI no ordenó quemar códices ni construyó la Catedral sobre el Templo Mayor. Los mexicanos de hoy tampoco fueron despojados por Cortés. Pretender atar generaciones actuales a culpas o deudas de hace medio milenio anula la noción misma de responsabilidad individual, base de cualquier sistema jurídico moderno.
España rechazó la carta en 2019 con un argumento que sigue intacto: "El pasado no puede juzgarse con criterios contemporáneos". En 1521 no existía la ONU, ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni el concepto de genocidio. La expansión imperial era la norma en Europa, Asia y la propia Mesoamérica, donde mexicas, purépechas y otros señoríos sometían pueblos tributarios. Sacar a la Conquista de su contexto y pasarla por el filtro moral de 2026 produce condenas fáciles, pero no comprensión histórica. Es retroactividad ética.
La trampa de la "imposición religiosa" como delito actual
El argumento de la "espada y la cruz" omite que la evangelización fue política oficial de todas las coronas europeas y que, en Nueva España, derivó también en colegios, gramáticas del náhuatl y en defensores de indios como Bartolomé de las Casas. Sí, se destruyeron templos y se prohibieron cultos. También es verdad que el sincretismo resultante -Guadalupe-Tonantzin, Día de Muertos- es hoy patrimonio vivo. Exigir una disculpa por la cristianización implica asumir que el resultado cultural del mestizaje es, en sí mismo, un agravio. Es negar cinco siglos de historia propia.
López Obrador admitió que el Estado mexicano independiente también cometió exterminios contra yaquis, mayas y chinos. Prometió pedir perdón por ello. La diferencia es clave: él sí puede disculparse a nombre del Estado que preside por crímenes de hace 100 años. Pero exige que otro Estado se disculpe por hechos de hace 500, cometidos por un régimen político distinto, en un continente que ni siquiera tenía la noción de España como nación moderna. Si la lógica es que todo Estado carga con su pasado remoto, entonces México debería exigir perdón a Italia por el Imperio romano. El criterio se rompe por su propia extensión.
