Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.-En medio de una crisis sostenida de violencia contra las mujeres, se presentó una iniciativa para crear una Ley General contra el Feminicidio, con el objetivo de homologar este delito en todo el país y endurecer las penas hasta 70 años de prisión.
La propuesta busca unificar criterios legales entre las entidades federativas, ante la existencia de diferencias en la tipificación del delito que, según especialistas, han generado inconsistencias en su investigación y sanción.
El planteamiento surge en un contexto donde las cifras oficiales muestran que la violencia feminicida continúa siendo un problema estructural en México.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron 721 feminicidios a nivel nacional, además de más de 2,000 homicidios dolosos de mujeres, lo que evidencia la magnitud del fenómeno .
En términos generales, el país mantiene un promedio cercano a 10 mujeres asesinadas diariamente, una tendencia que se ha sostenido durante los últimos años .
A esto se suma que no todos los asesinatos de mujeres son investigados como feminicidio, lo que ha sido señalado como un factor que distorsiona la dimensión real del problema.
Organismos y especialistas han advertido que, pese a la creación de leyes específicas en distintas entidades, la incidencia del delito no ha mostrado una reducción sostenida a nivel nacional.
Incluso, estudios académicos han encontrado que la implementación de leyes de feminicidio en México no ha tenido un impacto significativo en la reducción de estos crímenes ni en la desaparición de mujeres, señalando la persistencia de factores estructurales como la impunidad .
En paralelo, el país ha desarrollado durante la última década diversas políticas públicas, fiscalías especializadas, protocolos de género y programas de atención a víctimas, lo que ha implicado una inversión pública considerable.
Sin embargo, organizaciones civiles han señalado que los resultados no han sido proporcionales a los recursos destinados, particularmente en materia de prevención, investigación y acceso a la justicia.
El problema también se refleja en grupos vulnerables: entre 2015 y 2025 se registraron 889 feminicidios de niñas y adolescentes, lo que evidencia la extensión del fenómeno en distintas edades .
En este contexto, la nueva iniciativa legislativa se suma a un conjunto de medidas ya existentes, en un escenario donde el principal desafío continúa siendo la efectividad de las instituciones encargadas de su aplicación.
Así, el debate no se centra únicamente en la necesidad de nuevas leyes, sino en la capacidad del Estado para traducir el marco legal en resultados concretos frente a una violencia que, hasta ahora, no ha logrado ser contenida de manera sostenida.
