Ciudad de México - 30 de octubre de 2025.
El Senado de la República recibió formalmente la minuta aprobada por la Cámara de Diputados para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
¿Qué contiene la iniciativa?
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Establece que el delito de extorsión será investigado de oficio, es decir, sin necesidad de que haya una denuncia individual concreta para que actúe la autoridad.
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Crea un tipo penal uniforme para todo el país, de manera que las 32 entidades federativas y los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) apliquen la misma norma básica.
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Contempla sanciones de 6 a 15 años de prisión y multas de entre "100 a 500 veces el valor de la UMA" para el delito base de extorsión.
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Incluye agravantes cuando: se utilicen datos privados de la víctima (imágenes, audios, textos), se emplee intermediarios, la víctima sea parte de grupos vulnerables (menores, migrantes, mayores), o se actúe desde el poder público o con participación de dependencias oficiales.
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Reforma y adiciona diversas leyes: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Contexto y antecedentes
La presidenta Claudia Sheinbaum ya había señalado que la extorsión es el delito que no han logrado frenar plenamente y que requería una norma general que homologue los criterios de persecución en todo el país.
En respuesta, la Cámara de Diputados aprobó con 456 votos a favor, por unanimidad, el 28 de octubre de 2025, el dictamen que da pie a la ley general en materia de extorsión.
Qué sucede ahora
La minuta turnada al Senado ha sido enviada a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos para su revisión, discusión y eventual dictaminación. Se prevé que el pleno del Senado vote la ley en próximos días.
Importancia y retos
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La iniciativa busca cerrar vacíos legales existentes: actualmente cada entidad del país tiene definiciones, penas y procedimientos distintos para el delito de extorsión, lo que dificulta la cooperación entre fiscalías y permite que redes delictivas se aprovechen de los "pasajes" legales.
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Al investigarse de oficio, se pretende aliviar la carga que actualmente recae sobre las víctimas, muchas de las cuales no denuncian por miedo o represalias.
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Sin embargo, entre los retos figuran garantizar recursos institucionales para aplicar la norma, coordinar a los tres órdenes de gobierno, y asegurar que las sanciones realmente se impongan.
