Ciudad de México, 18 de febrero de 2026.- La presidente, Claudia Scheinbaum prepara una reforma para meter en cintura los excesos en el plan de pensiones, algo a lo que Andrés Manuel López Obrador se acobardó; hay jubilados que ganan hasta 1 millón de pesos por lo que pretende ajustarlos a la mitad de su sueldo; el ahorro será destinado a apoyos sociales.
Lo anterior lo dio a conocer en la mañanera; ahí anunció la iniciativa de reforma al Articulo 127 de la Constitución, que busca establecer un tope infranqueable a las pensiones de exfuncionarios de alto nivel, una acción que trasciende las disposiciones legales implementadas en el sexenio anterior.
A diferencia de las estrategias de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que se centraron en la Ley Federal de Remuneraciones y en la eliminación de pensiones a expresidentes, la propuesta de Sheinbaum eleva el tope salarial a rango constitucional. Esta distinción es clave: mientras que las leyes secundarias del pasado enfrentaron miles de amparos y suspensiones judiciales, una reforma constitucional blindaría la medida contra impugnaciones legales ordinarias.
El eje central de la reforma estipula que ninguna pensión de personal de confianza o mando superior podrá exceder el 50% de la percepción neta de la Presidente de la República, lo que fija un límite de aproximadamente 70,000 pesos mensuales.
En el análisis político, la iniciativa se interpreta como una consolidación de la autoridad presidencial frente a sectores que mantuvieron privilegios económicos durante el periodo 2018-2024. Expertos señalan que la Presidenta está haciendo uso de la supermayoría en el Congreso para ejecutar cambios estructurales que en el pasado fueron evitados por falta de consenso legislativo o por prudencia política ante líderes de organismos paraestatales.
Los puntos críticos de la iniciativa incluyen:
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Afectación directa: Se identificaron casos en Pemex, CFE y la liquidación de Luz y Fuerza con pensiones de hasta 1 millón de pesos mensuales.
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Impacto presupuestal: Se proyecta un ahorro de 5,000 millones de pesos anuales, destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
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Blindaje a la base: La reforma excluye explícitamente a los trabajadores sindicalizados y de base, concentrando el rigor de la ley únicamente en los niveles de mando y confianza.
La Secretaría Anticorrupción informó que la medida no será opcional y se aplicará de forma inmediata tras su aprobación, lo que obligará a una reestructuración de las nóminas de jubilados en organismos autónomos y empresas productivas del Estado.
Con esta acción, Sheinbaum busca cerrar la brecha de las "pensiones de privilegio", un tema que, aunque fue central en el discurso de la administración pasada, no había encontrado una resolución jurídica definitiva hasta este anuncio.
