El jueves de la semana pasada, un convoy de alrededor de 14 camionetas cargadas con agua, alimentos no perecederos y artículos de higiene zarpó desde la ciudad de Reynosa rumbo al estado de San Luis Potosí para entregar ayuda a las familias afectadas por las inundaciones.
Se trataba de un contingente de cristianos evangélicos de varias iglesias que buscaban auxiliar a la sociedad - y a sus hermanos en Cristo - en las zonas más golpeadas.
Cerca inmediaciones de Tamazunchale, el Ejército Mexicano los retuvo. No los dejó llegar.
Los soldados les informaron que la distribución de apoyos estaba bajo control militar, y que debían entregar los productos al convoy oficial, para que las autoridades "se encargaran" de repartirlos.
"O nos dan la ayuda para entregarla, o llévensela" les dijeron.
En otras palabras: podían ayudar, pero no directamente; su solidaridad debía pasar por el filtro del Estado.
Esa escena no fue la única; casos en Veracruz, incluso, Querétaro, se repitieron.
Iglesias, colectivos, asociaciones civiles - todos con buena voluntad y recursos propios - fueron detenidos o desviados bajo el mismo argumento: "coordinación y seguridad". Y aunque el discurso suena administrativo, el fondo es político. El gobierno busca centralizar la caridad, controlar el flujo de ayuda, y con ello, también, el crédito.
En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de videos que muestran a grupos criminales repartiendo despensas, advirtiendo que eso "no puede permitirse". Aunque nadie lo discute bien pudo haber sido un montaje y pretexto para monopolizar la ayuda.
Pero en su intento de evitar que el crimen gane presencia, el gobierno parece haber terminado criminalizando la solidaridad civil.
Más allá, la SEDENA ha sido captada en imágenes, entregando los apoyos en bolsas del partido MORENA, y existe una alta probabilidad que en medio del hermetismo y control arbitrario, estén entregando los apoyos de la sociedad con la etiqueta del partido para proseguir con el proselitismo sin fin.
El trasfondo ideológico
No se puede omitir este contexto: La comunidad cristiana - una de las más activas en voluntariado y asistencia social desde siempre - ha sido, en los últimos años, objeto de una brutal campaña sistemática de desprestigio.
Desde los espacios oficiales y sus satélites mediáticos, se ha querido etiquetar a los cristianos, católicos y grupos religiosos como parte del "bloque conservador", ese término que el poder usa para descalificar todo lo que no controla.
En este gobierno, los conservadores son los más golpeados mediáticamente: se les caricaturiza, se les ridiculiza, y ahora, incluso, se les impide ayudar.
La sospecha no es casual: si la sociedad descubriera la magnitud de su participación en las tareas de auxilio y apoyo, se rompería la narrativa oficial de que sólo el Estado cuida, de que sólo el gobierno salva.
Porque detrás del bloqueo no sólo hay control logístico: hay una batalla ideológica. Se intenta borrar del mapa a toda forma de organización social que no dependa del poder central, y eso incluye a la fe, a la Iglesia y a los ciudadanos que actúan por convicción moral.
Lo que está en juego
En México, la historia se repite: cuando la gente se organiza, el Estado se incomoda. Ya sea por cálculo político o por simple desconfianza, el resultado es el mismo: ayuda detenida, familias esperando, y un país que vuelve a tropezar con su burocracia.
Las lluvias dejaron destrucción, pero también mostraron lo mejor del pueblo: su voluntad de ayudar.
Que el gobierno impida esa ayuda no es orden ni estrategia - es soberbia. Porque cuando el poder bloquea la solidaridad, no está protegiendo al pueblo: está protegiéndose de él.
