La administración de Claudia Sheinbaum ha lanzado una de las estrategias más ambiciosas de digitalización en la historia del país: transformar hasta el 80 % de los trámites gubernamentales en procesos digitales antes de 2026. La meta oficial es simplificar la burocracia, ahorrar tiempo al ciudadano y reducir la corrupción. Pero detrás del discurso de eficiencia también crecen las voces que advierten un riesgo: que esta digitalización se convierta en una nueva forma de control social y vigilancia estatal.
El proyecto
El plan está encabezado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), creada por decreto presidencial. Su tarea: integrar bases de datos federales, estandarizar sistemas tecnológicos y generar una identidad digital única para todos los mexicanos. Con esta "llave electrónica", el ciudadano podría acceder a servicios, certificados o apoyos sin intermediarios.
La promesa
Sheinbaum sostiene que la digitalización permitirá eliminar la corrupción en ventanillas, reducir costos administrativos y acabar con la duplicidad de registros. "Queremos que el Estado esté al servicio del pueblo, no que el pueblo haga filas para servir al Estado", dijo durante la presentación del programa.
El otro lado: datos, vigilancia y poder
Sin embargo, especialistas en derechos digitales y transparencia advierten que el modelo concentra una cantidad sin precedentes de información personal bajo control del gobierno federal.
El riesgo, dicen, es que la identidad digital -si no cuenta con contrapesos independientes- pueda utilizarse para rastrear movimientos, historiales o comportamientos del ciudadano.
Organizaciones como R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) y el INAI, antes de su debilitamiento, han señalado que cualquier sistema de identidad unificada debe tener garantías constitucionales de protección de datos, anonimato y consentimiento informado.
Un control más sutil
En la práctica, la digitalización puede volverse una forma de control silencioso:
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Centraliza información sobre impuestos, salud, educación y consumo.
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Permite un monitoreo más fácil del uso de programas sociales.
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Facilita la exclusión automatizada de quienes no estén "al día" con el sistema.
Aunque la administración asegura que todo se maneja "con transparencia", la eliminación o fusión de órganos autónomos -como el INAI o el IFT- deja la duda sobre quién supervisará al supervisor.
Conclusión
La digitalización puede ser un salto hacia un Estado más ágil, pero también hacia uno más vigilante.
La línea que separa la eficiencia de la intrusión es delgada, y dependerá de si el gobierno de Sheinbaum consolida una política tecnológica con controles democráticos reales, o si el nuevo sistema se convierte en una red donde todo ciudadano está registrado, monitoreado y dependiente de una plataforma central del Estado.
