Ciudad de México, 28 de noviembre de 2025.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación reactivó un cobro del 2% a plataformas como Uber, Didi, Rappi y demás servicios de entrega y transporte digital, bajo el concepto de "aprovechamiento por uso de infraestructura", es decir, cobro por usar una vía que fue financiada por ellos mismos desde sus impuestos.
El gravamen, impulsado originalmente por la fracción parlamentaria del partido en el gobierno de la Ciudad de México, establece que estas empresas deben pagar una contraprestación por utilizar calles, vialidades y equipamiento urbano durante la prestación de sus servicios, pero la retención se la hacen a quienes usan esas plataformas.
La medida no es nueva: fue aprobada en el Código Fiscal capitalino en 2021, pero había quedado suspendida luego de que la Segunda Sala de la Corte la declarara inconstitucional. En ese momento, la ministra Lenia Batres fue una de las voces que consideró que el cobro violaba principios fiscales básicos.
Sin embargo, en un giro que ha generado debate, la propia Batres fue la encargada de presentar la ponencia que avala nuevamente el "aprovechamiento", argumentando que no se trata de un impuesto, sino de un pago legítimo por el uso de bienes públicos.
El gobierno capitalino sostiene que el cobro no afectará a repartidores, conductores ni usuarios, y que la obligación recae exclusivamente en las plataformas tecnológicas. no obstante, especialistas advierten que, en la práctica, los costos podrían trasladarse indirectamente, encareciendo los servicios o reduciendo los ingresos de los trabajadores de este sector, que dependen diariamente de estas aplicaciones para su sustento.
Críticos de la medida señalan un punto clave: la infraestructura vial del país es financiada con los impuestos de todos los mexicanos. Calles, avenidas, luminarias y carreteras ya fueron pagadas por la ciudadanía, incluidos los propios conductores y repartidores a quienes este modelo podría terminar afectando. En ese sentido, se cuestiona si el cobro constituye una doble tributación disfrazada de "aprovechamiento".
Más allá de la controversia fiscal, la decisión de la Corte genera preocupación porque podría convertirse en un precedente nacional. Históricamente, las medidas adoptadas en la Ciudad de México suelen replicarse después en otros estados e incluso en el ámbito federal, funcionando como un laboratorio legislativo para políticas más amplias.
Con la aprobación definitiva del 2%, analistas advierten que otras entidades podrían adoptar un esquema similar, lo que transformaría la relación entre lo público y lo digital en todo el país.
Mientras las plataformas analizan los efectos de la resolución y los trabajadores esperan claridad sobre posibles impactos, la discusión se centra ahora en el fondo del asunto: la redefinición del carácter público de las calles y servicios que la ciudadanía ya ha financiado. Para muchos, lo que está en juego no es sólo un porcentaje, sino la manera en que se entiende y administra lo que pertenece a todos.
