Ciudad de México, 29 de julio de 2026.-El gobierno federal relanzó el esquema de vinculación obligatoria de líneas de telefonía móvil con el objetivo de empadronar a la totalidad de los usuarios en el territorio nacional. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, reportó el registro de 68 millones de líneas asociadas al nombre y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Para procesar las más de 40 millones de líneas de prepago pendientes, se estableció un calendario de cumplimiento de agosto a diciembre de 2026 en función del último dígito del número.
La premisa central que sostiene la medida es el combate a la extorsión telefónica y a diversos delitos de alto impacto perpetrados mediante tarjetas SIM anónimas. De acuerdo con el discurso oficial, la venta desregulada de chips en el mercado informal ha facilitado la operación de redes criminales. Asociar la identidad de cada ciudadano a su número móvil se presenta, por tanto, como una herramienta indispensable para las tareas de inteligencia y para la localización inmediata de personas desaparecidas.
A pesar de la justificación en materia de seguridad, la medida reaviva las críticas asociadas a los fallidos intentos de control estatal sobre la telefonía privada. Exigir la entrega de datos identificables como condición para acceder a un servicio de comunicación básico impone una carga disproportionada a la ciudadanía. La lógica subyacente presupone que la privacidad del usuario debe supeditarse a un esquema de fiscalización masiva para demostrar que no se cometen actos ilícitos.
Para frenar las acusaciones de espionaje, la presidenta enfatizó que las bases de datos no estarán bajo el resguardo del gobierno, sino de las propias empresas proveedoras de telefonía. Se aclaró que las autoridades judiciales o de inteligencia únicamente podrán consultar la información mediante una orden emitida por un juez. Sin embargo, confiar la custodia de datos personales al sector privado no garantiza invulnerabilidad, dado el historial de filtraciones y ventas ilegales de información registradas en México.
Desde el punto de vista operativo, la efectividad de este padrón para neutralizar la delincuencia resulta sumamente cuestionable. Las organizaciones dedicadas a la extorsión no suelen utilizar líneas registradas a su nombre; recurren al robo de identidad, la clonación de tarjetas SIM, el uso de telefonía satelital o la adquisición de chips importados. Obligar al ciudadano común a entregar su CURP no cierra las brechas técnicas que los grupos criminales explotan con facilidad.
El mecanismo de presión diseñado para asegurar la participación ciudadana revela también rasgos coercitivos. Condicionar el servicio a la realización de recargas obligatorias o al corte definitivo de la línea a quien no se registre en los plazos fijados perjudica la inclusión digital. Para millones de personas en situación de vulnerabilidad, la telefonía móvil de prepago es el único instrumento de trabajo, educación y contacto, por lo que interrumpir el servicio constituye una sanción administrativa desproporcionada.
La brecha en la implementación expone además una marcada desigualdad en el trato a los usuarios. Mientras los clientes de planes de pospago quedan vinculados automáticamente a través de sus contratos comerciales, la fiscalización coercitiva recae de lleno sobre las modalidades de prepago. Al final, la medida pretende resolver un problema de seguridad pública mediante un esquema de control administrativo que erosiona la privacidad sin ofrecer garantías sólidas de frenar la extorsión.
