Ciudad de México, 29 de julio de 2026.-La Fiscalía General de la República (FGR) hizo pública la documentación de una compleja red de contrabando de combustible -conocido como huachicol fiscal- que operaba mediante la importación y distribución irregular de derivados del petróleo vía férrea. El caso se derivó del aseguramiento de 33 ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, extendiéndose posteriormente a otras entidades. Las investigaciones vinculan directamente al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en su calidad de socio mayoritario de una de las empresas involucradas.
De acuerdo con el informe técnico proporcionado por las autoridades, la red operaba declarando ante las aduanas volúmenes inferiores a los reales o clasificando el combustible bajo fracciones arancelarias sujetas a un menor pago de impuestos. Posteriormente, el producto era transportado por tren a centros de descarga para ser redistribuido en pipas a través de 17 empresas distintas. El daño patrimonial estimado por la fiscalía en diversas causas abiertas podría superar los 4 mil millones de pesos.
Frente a las órdenes de aprehensión giradas por un juez de control, la defensa legal y un grupo de exmandatarios internacionales denunciaron el proceso como un acto de persecución política. El argumento defensivo sostiene que el exgobernador no participaba en las decisiones operativas ni administrativas de la empresa. Este choque de versiones trasladó un expediente de naturaleza financiera y aduanera al terreno de la confrontación partidista entre el gobierno y la oposición.
En la mañanera, la presidenta desestimó los señaamientos de sesgo político proyectando el balance probatorio presentado por la fiscalía. El Ejecutivo enfatizó que la causa penal se sostiene sobre 96 datos de prueba integrados de manera multidisciplinaria. Entre las evidencias figuran dictámenes periciales en química, ingeniería mecánica para verificar la capacidad de los vagones y peritajes en fotografía y criminalística de campo.
El caso resulta relevante porque pone al descubierto los vacíos de fiscalización en la cadena logística de importación de petrolíferos. La internación de combustibles declarados de forma fraudulenta no solo defrauda a la hacienda pública, sino que genera una competencia desleal frente al mercado formal y sirve como fuente de financiamiento ilícito. Revela además la presunta complicidad de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaron el paso de los cargamentos.
No obstante, la solidez del proceso judicial dependerá de que la FGR logre comprobar fehacientemente la responsabilidad penal directa de los socios accionistas y no únicamente de los operadores logísticos. Demostrar en los tribunales el dolo y el conocimiento de las operaciones fraudulentas por parte de la cúpula empresarial será el paso determinante. Si la fiscalía no logra sustentar las imputaciones en el juicio, el caso alimentará la narrativa de la instrumentalización de la justicia.
En conclusión, la investigación sobre el huachicol fiscal representa un esfuerzo por combatir el fraude aduanero a gran escala en el sector energético. La gravedad de los hallazgos exige un proceso conducido con rigor técnico, donde el deslinde de responsabilidades se apegue estrictamente al debido proceso. Evitar que la contienda mediática sustituya la prueba judicial será clave para que el caso no quede impune ni se desgaste en la retórica política.
