Monterrey, 25 de febrero de 2026.-Uno de los puntos que inevitablemente se abrirá en el debate legislativo es la acusación recurrente de que las propias estructuras gubernamentales -o actores afines al oficialismo- han sido señaladas en distintas investigaciones digitales por operar redes de amplificación masiva.
Diversos estudios académicos y análisis de comportamiento en redes han documentado que, en procesos recientes, una parte significativa de cuentas que replican mensajes oficiales presentan patrones de automatización o coordinación.
La crítica sostiene que:
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Muchas cuentas que defienden políticas públicas operan con comportamiento sincronizado.
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Se activan ante críticas específicas.
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Participan en campañas de contención narrativa.
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Atacan o desacreditan a periodistas y opositores.
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Generan tendencias artificiales.
Aunque no siempre se puede probar vínculo directo con el gobierno, el señalamiento político existe y es persistente.
El problema estructural
Aquí surge la pregunta clave:
Si el Estado regula los bots,
¿cómo garantizará que la norma también se aplique a redes que favorecen al propio gobierno?
La regulación tendría que ser:
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Simétrica.
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Técnica.
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Transparente.
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Con auditorías independientes.
De lo contrario, podría percibirse como una herramienta para desactivar narrativas adversas mientras se toleran redes favorables.
El desafío probatorio
Otro punto complejo es que no todo comportamiento coordinado es ilegal.
En campañas modernas existen:
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Equipos digitales organizados.
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Simpatizantes voluntarios.
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Estrategias de comunicación legítimas.
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Activismo espontáneo.
La línea entre coordinación legítima y manipulación automatizada no siempre es clara.
Por eso, expertos advierten que la definición de "bot" debe ser estrictamente técnica y no política.
Riesgo para la libertad de expresión
Si la autoridad electoral puede ordenar el retiro de campañas digitales por considerar que son "artificiales" o "coordinadas", el criterio debe ser objetivo y verificable.
De lo contrario, podría:
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Desincentivar la crítica intensa.
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Generar autocensura.
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Convertir al árbitro en juez del tono político.
La libertad de expresión en materia política tiene protección reforzada. Las restricciones solo pueden imponerse bajo estándares muy estrictos de necesidad y proporcionalidad.
El dilema central
La regulación de IA y bots puede:
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Proteger procesos electorales de manipulación criminal.
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O abrir la puerta a intervención estatal en el debate digital.
El punto crítico no es solo la intención de la reforma, sino el diseño de controles.
Porque una vez que el Estado adquiere la facultad de intervenir en el espacio digital político, esa facultad no depende de quién gobierne hoy, sino de quien gobierne mañana.
