Ciudad de México, 10 de diciembre de 2025.-La facción parlamentaria del Partido Acción Nacional, que ha sostenido una narrativa contra todo lo que huela a socialismo, terminó defendiendo los intereses de China, en el tema arancelario que impulsa el Ejecutivo que pretende aplicar 50% de impuestos a las importaciones de países sin acuerdos comerciales con México.
Durante la discusión, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron sobre los posibles efectos negativos de la medida, al señalar la alta dependencia de la industria mexicana de insumos y autopartes fabricados en ese país.
En el debate del dictamen que reforma la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, legisladores panistas alertaron que sectores como el automotriz, electrónico y de autopartes dependen de componentes que actualmente no se producen en México, por lo que un incremento abrupto en los aranceles podría encarecer costos, afectar cadenas productivas y trasladarse a los precios finales para los consumidores.
Los argumentos expuestos por el PAN, principalmente por el Senador, Marco Cortez, se centraron en la necesidad de revisar la medida y evaluar su impacto económico, especialmente en industrias integradas a cadenas globales de suministro que mantienen una relación comercial significativa con China y otros países de Asia.
El posicionamiento resultó llamativo en un contexto político en el que, históricamente, el PAN ha mantenido una postura crítica hacia el gobierno chino, al que ha señalado en diversas ocasiones como un régimen autoritario y contrario a los valores democráticos y de libre mercado. No obstante, en esta sesión legislativa, los señalamientos del partido se enfocaron en consideraciones técnicas y económicas, más que en valoraciones ideológicas sobre el sistema político chino.
Por su parte, la bancada de Morena respaldó de manera cerrada la política arancelaria impulsada por el Ejecutivo federal, al considerar que los aranceles forman parte de una estrategia de política industrial orientada a proteger sectores estratégicos, fortalecer el mercado interno y reducir prácticas de competencia desleal.
El dictamen fue finalmente aprobado con el respaldo de la mayoría oficialista, mientras que el PAN y otros partidos de oposición optaron por votar en contra o en abstención, argumentando falta de tiempo para el análisis y riesgos para la economía nacional.
