Monterrey, 24 de marzo de 2026.-México enfrenta una de las crisis de desapariciones más graves de su historia contemporánea. Más de 134 mil personas permanecen desaparecidas y no localizadas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), una cifra que no deja de crecer y que revela el profundo deterioro institucional y de seguridad en el país.
Esta misma semana, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará un informe actualizado sobre el tema, promesa que ha sido reiterada y pospuesta en múltiples ocasiones desde hace más de un año.
El gobierno ha señalado que el documento incluirá una revisión exhaustiva del registro: depuración de duplicados, casos sin carpeta de investigación formal, distinción entre "desaparecidos" y "no localizados", y una clasificación según su posible vínculo con la delincuencia organizada.
Sin embargo, esta revisión genera desconfianza entre los colectivos de familias buscadoras y organizaciones de derechos humanos. La distinción entre categorías se percibe en muchos casos como un ejercicio de ajuste semántico que busca minimizar la magnitud de la tragedia, mientras decenas de miles de restos humanos siguen sin identificar en morgues y fosas comunes.
Más de 50 mil cuerpos permanecen sin ser reclamados o identificados, lo que significa que muchas víctimas de homicidio continúan contabilizándose como desaparecidas simplemente porque no existe un cuerpo que certifique su muerte.En 2025 se registraron más de 14 mil nuevas desapariciones, la cifra anual más alta documentada.
En los primeros meses del gobierno de Sheinbaum, el promedio se ha mantenido en torno a 32 personas por día. Jóvenes, en su mayoría hombres, pero con un aumento preocupante en el número de mujeres y adolescentes.
Estados como Jalisco, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y el Estado de México concentran gran parte de estos casos, donde el crimen organizado ejerce control territorial y las autoridades locales enfrentan acusaciones de inacción o complicidad.La disminución en los homicidios dolosos que celebra el gobierno contrasta con el aumento sostenido de las desapariciones.
Esta dinámica sugiere que, en muchos territorios, los grupos criminales optan por hacer "desaparecer" a sus víctimas para evitar dejar evidencia, lo que reduce las cifras de asesinatos registrados pero agrava la crisis forense y el sufrimiento de las familias.
Los colectivos de buscadoras exigen transparencia plena, búsqueda inmediata sin esperar plazos burocráticos, acceso real a bases de datos y peritajes independientes, y que no se utilice la violencia del crimen organizado como excusa para eludir la responsabilidad del Estado.
Han rechazado en el pasado ejercicios de "depuración" que reducen artificialmente los números sin avanzar en localizaciones ni identificaciones.Detrás de cada estadística hay miles de madres, padres, hermanos e hijos que siguen cavando con sus propias manos en cerros, ríos y predios, enfrentando amenazas y la indiferencia institucional.
El informe que se presentará esta semana será un momento decisivo: si se limita a una reconfiguración de categorías sin ofrecer avances concretos en justicia y búsqueda, solo profundizará la brecha de credibilidad entre el gobierno y las familias afectadas.
México no puede seguir normalizando la desaparición de sus ciudadanos como un simple problema estadístico. Cada persona no localizada representa una herida abierta en el tejido social del país, una deuda pendiente con la verdad y la justicia que ya no admite más dilaciones ni narrativas que atenúen el dolor.
