Ciudad de México, 17 de octubre de 2025.-La exministra de la Suprema Corte y diputada morenista Olga Sánchez Cordero levantó la voz con fuerza contra el propio sistema que ayudó a construir. En plena aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, la jurista lanzó un golpe seco a la línea oficial del gobierno federal, al advertir que la nueva norma representa un retroceso en materia de derechos humanos y una amenaza directa al acceso a la justicia.
Durante su intervención y en declaraciones posteriores, Sánchez Cordero calificó la reforma como un error jurídico y político. Su abstención en la votación de la Cámara de Diputados marcó una grieta dentro de Morena y un mensaje claro: "No todo se puede justificar en nombre del interés social".
"No es la manera de plantear esta reforma", sostuvo con tono firme, al criticar que el nuevo texto pretende definir de antemano el concepto de 'interés legítimo', una figura que, según explicó, debe ser ponderada por los jueces caso por caso, no impuesta desde el poder legislativo.
Con ello, la reforma limita la capacidad del ciudadano para ampararse contra actos del Estado, en especial cuando estos afectan colectivamente o sin daño directo, una de las conquistas más importantes del sistema constitucional mexicano.
Sánchez Cordero -quien fue pieza clave en la transición judicial de la Cuarta Transformación- se deslindó del discurso triunfalista del oficialismo. En un mensaje claro, advirtió que el nuevo modelo de amparo debilita la "tutela judicial efectiva" y erosiona el principio de defensa frente al poder.
"Esta definición previa del interés legítimo deja a los ciudadanos más vulnerables ante el Estado. Es una forma sutil de cerrar la puerta del amparo a quienes más lo necesitan", alertó la exministra.
El golpe fue directo. En medio de la sesión, su abstención retumbó como un no disfrazado, un acto de desacuerdo que incomodó a las bancadas de Morena y sus aliados. Mientras la mayoría celebraba la aprobación como un paso hacia "la gobernabilidad judicial", Sánchez Cordero señalaba lo contrario: una regresión disfrazada de avance.
La reforma a la Ley de Amparo aprobada por la mayoría morenista redefine quién puede acceder a este recurso. Con los nuevos criterios, solo podrá promoverlo quien demuestre un "beneficio cierto" o un daño directo, lo que deja fuera a organizaciones, colectivos y ciudadanos que litigaban en defensa del medio ambiente, la salud pública o la corrupción gubernamental.
Para Sánchez Cordero, eso equivale a "mutilar el instrumento más poderoso que tiene el pueblo para defenderse del Estado."
La exministra recordó que el amparo ha sido históricamente el último recurso del ciudadano frente a los abusos del poder, y advirtió que reducirlo a una figura burocrática es, en los hechos, "un golpe técnico y silencioso contra las libertades constitucionales."
Las declaraciones de Sánchez Cordero no pasaron desapercibidas. Desde el entorno oficial, figuras como Arturo Zaldívar, también exministro, salieron a cuestionarla, alegando que "si estaba tan en desacuerdo, debió votar en contra". Pero las palabras de la exsecretaria de Gobernación pesaron más por su fondo que por su voto: fue una voz experta denunciando el autoritarismo jurídico en ciernes.
Su postura deja ver que dentro del propio movimiento de la 4T crece el malestar por la dirección que ha tomado el aparato judicial. En voz baja, varios legisladores admitieron que la reforma fue aprobada al vapor, con instrucciones desde arriba y sin discusión técnica real.
"Es un error pretender controlar la justicia constitucional por decreto", dijo Sánchez Cordero. "La justicia no se somete, se respeta."
El discurso de Olga Sánchez Cordero deja una advertencia abierta: el nuevo modelo de amparo podría ser el inicio de una etapa de indefensión ciudadana.
En palabras de la exministra, esta ley no fortalece al pueblo, lo desarma.
Su crítica, más que una simple disidencia interna, suena como un llamado de alerta para el futuro inmediato del país. Porque cuando incluso una exministra de la Corte y figura del propio movimiento se atreve a decir que algo huele mal en la justicia mexicana, es que el poder ha cruzado una línea que ya no puede disimular.
