Ciudad de México, 12 de mayo de 2026.-En la presentación del informe de seguridad correspondiente al cierre de abril, el Gobierno Federal presumió una "tendencia a la baja" en los homicidios dolosos, situando el promedio diario en 83 víctimas frente a las 101 registradas en 2018. Sin embargo, detrás de la celebración estadística de Omar García Harfuch y el gabinete de seguridad, emerge una interrogante que la narrativa oficial no logra responder: si hay menos muertos, ¿es porque el Estado ha neutralizado a los sicarios, o porque el crimen organizado ha decidido administrar su violencia bajo otros términos?
El Vicio de la Estadística Incompleta
El informe destaca con orgullo la reducción de un 18% en los homicidios, pero el balance de detenidos no guarda una correlación proporcional con la magnitud del ejército criminal que opera en el país. En un escenario donde los sicarios no han "abandonado las filas para buscar un empleo formal", la baja en los asesinatos no necesariamente se traduce en una victoria de la ley.
El peligro de este dato es el vicio de la paz mafiosa: en muchas regiones, la reducción de homicidios ocurre no por la eficacia del Estado, sino porque un cartel ha logrado imponer una hegemonía absoluta o ha pactado una tregua táctica. El hecho de que el gobierno presente la cifra de 83 muertos diarios como un éxito -cuando sigue siendo una cifra de guerra- revela una normalización de la violencia que esquiva el problema de fondo: la impunidad.
Inteligencia de "Objetivos", no de Estructuras
Omar García Harfuch hizo hincapié en la detención de "objetivos prioritarios" y decomisos masivos de fentanilo. Sin embargo, al comparar el volumen de droga y armas confiscadas con el número de procesos judiciales concluidos, el "trucaje" legal se hace evidente.
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El efecto sustitución: Detener a una "cabeza" de cartel sin desarticular la base de sicariato solo genera un relevo de mandos.
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La puerta giratoria: Mientras se presume la coordinación entre SEDENA y Guardia Nacional en el operativo, el informe omite cuántos de esos detenidos logran llegar a una sentencia condenatoria. Si la tasa de impunidad en homicidios sigue rondando el 95%, la reducción de la cifra es un alivio temporal, pero no una solución estructural.
El Cobro de Impuestos y la Seguridad Fallida
Mientras el Estado celebra que mueren 18 personas menos al día que hace seis años, la maquinaria fiscal sigue operando con un rigor que no tiene su equivalente en la protección ciudadana. El gobierno continúa recaudando el IVA y los impuestos federales de una población que sigue pagando -además- el "impuesto criminal" (derecho de piso) en gran parte del territorio.
Resulta cínico exigir que el ciudadano cumpla con sus obligaciones fiscales mientras el Estado se conforma con administrar la estadística de la muerte. Si el sicario no está en la cárcel ni en la iglesia, sigue en la calle, y el hecho de que hoy no haya jalado el gatillo no significa que el Estado haya recuperado la soberanía.
