Cuernavaca, Morelos, 19 de mayo de 2026.-El estado de Morelos, gobernado por Margarita González Saravia de Movimiento de Regeneración Nacional es el primer estado de la república en el que el Crimen Organizado se atrevió a cobrar cuotas de extorsión y cobro de piso a familias por vivir en sus propios hogares.
Lo anterior fue denunciado por el Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, durante la última Caminata por la Paz; el jerarca católico denunció que en localidades rurales como Huautla (municipio de Tlaquiltenango), los grupos criminales ya no condicionan el cobro a la actividad comercial, sino que exigen una "tarifa simplemente por vivir ahí" a cada familia, amenazando con el despojo de viviendas a quienes se resistan.
Esta descomposición de los entornos comunitarios ha alcanzado incluso a la estructura religiosa, provocando el retiro de párrocos locales tras recibir amenazas directas contra su integridad.
Pese al inicio de la gestión de la gobernadora Margarita González Sarabia, los sectores productivos insisten en que la estrategia de seguridad requiere un viraje operativo urgente.
Por otra parte, datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sitúan al estado en los primeros lugares nacionales en tasa de víctimas por este delito, detonando el cierre masivo de comercios y el desplazamiento forzado de comunidades enteras.
La magnitud de la crisis es profunda debido a la falta de denuncias formales. Reportes basados en estimaciones del INEGI advierten que la cifra negra en la entidad alcanza el 97%; la gran mayoría de los afectados opta por el silencio o el cierre definitivo ante el temor a represalias y la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia.
Las zonas comerciales e industriales de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y la región sur del estado concentran los mayores índices de afectación. Aunque la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ha alertado de presiones constantes a medianas y grandes empresas, el impacto más devastador ocurre en la economía de subsistencia:
Pequeños comercios y MiPyMEs: Locales familiares, tiendas de abarrotes y negocios de comida en zonas urbanas reportan la exigencia de cuotas fijas semanales que inician en los 2,000 pesos, bajo amenaza de ataques armados o incendios de fachadas.
Sector de la masa y la tortilla: En la región oriente del estado, particularmente en Cuautla, la industria reporta cuotas de enganche de hasta 50,000 pesos, seguidas de mensualidades obligatorias de 10,000 pesos. Esta presión delictiva provocó el cierre de al menos 35 tortillerías que se declararon insolventes para operar bajo el régimen delictivo.
