Tamaulipas, 25 de octubre 2025.- A poco más de un año de iniciada la nueva administración federal, la violencia en México no solo no cede: se ha convertido en una carga económica y social que el país ya no puede sostener. Los números y estadísticas revelan una verdad escalofriante; no se ha avanzando nada en la batalla contra el Crimen Organizado.
Los números son tan duros como las calles: mercados colapsados, empresas cerradas, vidas perdidas y comunidades enteras sometidas por organizaciones criminales.
Un país que sangra: las cifras del colapso
De acuerdo con estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), los negocios en el país pierden más de 277 mil millones de pesos al año por causa directa de la inseguridad: robos, extorsiones, secuestros, cobro de piso y violencia cotidiana.
En el cálculo más amplio, estudios académicos y de organismos internacionales estiman que el costo total de la violencia -incluyendo pérdidas productivas, atención médica, gasto en seguridad privada y daños a la infraestructura- equivale a entre 4 y 13 % del PIB nacional.
Eso significa que México está dejando de generar más de 2 billones de pesos anuales por el peso de la violencia. En términos simples: el crimen cuesta más que la inversión pública en educación, salud y desarrollo social juntas.
Economía en jaque, inversión paralizada
La inseguridad ha vaciado zonas industriales enteras. En estados como Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Tamaulipas, cientos de pequeñas y medianas empresas han cerrado o migrado por las amenazas del crimen organizado.
En el Bajío y el norte, transportistas denuncian que el robo a camiones de carga -sobre todo de alimentos, medicinas y productos básicos- se ha vuelto tan común que los seguros ya no cubren ciertos tramos carreteros.
"Es más caro mover mercancía por carretera mexicana que importarla desde Asia", admite un empresario de logística en Nuevo León.
La inversión extranjera también se resiente. Empresas automotrices y tecnológicas que habían apostado por el nearshoring ahora posponen o reducen sus proyectos. El mensaje es claro: no hay seguridad jurídica ni física para operar.
Un costo humano que se multiplica
Pero el dinero no mide todo.
El Instituto Nacional de Estadística (INEGI) reporta que el 63 % de la población mexicana se siente insegura. En ciudades como Culiacán, Fresnillo, Celaya o Ecatepec, la cifra supera el 85 %.
Cada día se reportan homicidios, desapariciones, y nuevas fosas clandestinas. Según datos oficiales, México ha rebasado las 180 000 muertes violentas en los últimos años, y la tendencia no cambia.
Las cifras son un retrato de la desesperanza: la estrategia militarizada no ha pacificado al país, los cárteles controlan rutas, regiones y hasta hospitales, como se denunció recientemente en Guanajuato, donde grupos armados obligan a médicos a atender a sus sicarios.
El fracaso de una estrategia que prometió resultados
La administración federal llegó prometiendo "una nueva etapa de seguridad y justicia", pero a la luz de los hechos, la violencia no se ha reducido, solo se ha desplazado.
Los informes de seguridad muestran cifras récord en delitos de alto impacto: homicidio doloso, extorsión, desaparición forzada y robo con violencia.
En los estados más golpeados, los habitantes ya no confían en las autoridades ni en los programas de pacificación. La impunidad sigue siendo la regla.
Un país de pérdidas
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Más de 277 mil millones de pesos perdidos por inseguridad empresarial.
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Más de 2 billones de pesos anuales en pérdidas totales por violencia.
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Millones de mexicanos viviendo bajo amenaza constante.
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Miles de vidas perdidas sin justicia ni reparación.
A un año y medio de gobierno, los números son una condena: México sigue atrapado en su propia guerra interna, pagando el precio de una estrategia fallida, mientras el crimen avanza y la economía se debilita.
La pregunta no es ya si la violencia afecta al país -si no, cuánto más puede soportar México antes de romperse del todo.
