Ciudad de México, 27 de mazro de 2026.-El gobierno federal dio a conocer un desglose detallado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); de un total histórico de más de 393 mil registros analizados, 132,575 personas (o 132,534 según algunas precisiones oficiales) permanecen catalogadas como desaparecidas. No se trató de la esperada reconfiguración completa de la base de datos, sino de una clasificación que busca depurar y dar mayor claridad a las cifras sin eliminar registros.
Los casos se dividieron en tres grandes categorías. El primer grupo, que representa aproximadamente el 33% del total, corresponde a más de 43 mil registros (exactamente 43,128). Estos cuentan con datos suficientes para la búsqueda, pero tras cruces exhaustivos con bases administrativas como el INE, SAT, Registro Civil y sistemas de salud, no se ha detectado ninguna actividad posterior a la fecha de la desaparición reportada. Se trata de los casos que generan mayor preocupación, ya que representan personas de las cuales no hay rastro claro y cuya investigación activa continúa siendo prioritaria.
Un segundo bloque agrupa alrededor de 40 mil casos (cerca de 40,308, equivalente al 31%). En estos registros se identificaron indicios de que las personas podrían estar vivas, como trámites posteriores, matrimonios, vacunaciones, cambios de domicilio o movimientos en instituciones públicas. Las autoridades realizan verificaciones para determinar si pueden ser reclasificados como localizados, lo que permitiría reducir la cifra oficial sin restar seriedad al fenómeno de las desapariciones.
El tercer grupo es el más numeroso en términos relativos: más de 46 mil registros (aproximadamente 46,742, el 36% del total). Estos presentan datos insuficientes para llevar a cabo una búsqueda efectiva. Muchos provienen de denuncias anteriores a la reforma de la Ley General en Materia de Desaparición de 2025, cuando no se exigían elementos mínimos como nombre completo, fecha de nacimiento, contexto o lugar de los hechos. Aunque se mantienen en la base para no perder ninguna denuncia, su falta de información básica limita seriamente las posibilidades de localización.
Esta actualización se enmarca en el esfuerzo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por responder a críticas sobre posibles inflaciones en las cifras debido a reportes incompletos, duplicados o sin seguimiento. Desde el inicio de la actual administración se han registrado cerca de 16 mil nuevas desapariciones, con un promedio aproximado de 32 casos diarios, aunque se han destacado disminuciones puntuales en algunos meses, como enero de 2026. De los registros históricos analizados, más de 262 mil personas ya fueron localizadas, la mayoría con vida.
Organizaciones de familiares de desaparecidos y colectivos de madres buscadoras han recibido con escepticismo esta clasificación. Consideran que, más allá de los ejercicios estadísticos y cruces de bases de datos, lo urgente sigue siendo avanzar en investigaciones reales, exhumaciones, identificación de restos y atención integral a las familias. Casos emblemáticos, como el de la buscadora Ceci Flores -también abordado en el programa de Azucena Uresti-, ilustran la persistente desesperación de quienes llevan años sin respuestas definitivas.
Analistas y medios coinciden en que esta no es todavía la "reconfiguración total" prometida, que incluiría una mayor coordinación entre fiscalías y la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación. Expertos advierten que sin una estrategia integral -que incluya el uso efectivo de la Plataforma Única de Identidad, mayor presupuesto para búsquedas y cero impunidad-, el problema de las desapariciones continuará siendo una de las heridas más profundas de la sociedad mexicana.
El gobierno asegura que mantiene todos los registros y que la depuración busca fortalecer, no ocultar, la realidad.El debate abierto este viernes en espacios informativos como el de Azucena Uresti refleja la sensibilidad del tema. Mientras el Ejecutivo presenta los datos como un paso hacia mayor transparencia y precisión, las familias demandan resultados concretos: justicia, verdad y el regreso a casa de quienes aún permanecen ausentes. Queda por ver si esta nueva clasificación impulsará búsquedas más efectivas o se convertirá en otro ejercicio numérico sin impacto real en la vida de miles de mexicanos afectados por la violencia y la impunidad.
