Ciudad de México, 17 de diciembre.- El gobierno federal defendió su postura en el manejo del sistema energético del país en el que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene 54% de la generación nacional, mientras que la inversión privada puede participar hasta en 46%, bajo esquemas regulados por una planeación definida desde el sector público
Durante la presentación del Plan Nacional de Energía, autoridades del Gobierno federal señalaron que este modelo busca garantizar seguridad energética, confiabilidad del sistema y soberanía nacional, al dejar atrás una lógica de mercado que, según el diagnóstico oficial, no cumplió las metas prometidas tras la reforma energética de 2013
La Secretaría de Energía explicó que la planeación del sector eléctrico dejó de ser declarativa para convertirse en planeación vinculante, lo que permite al Estado definir qué proyectos se desarrollan, en qué regiones y bajo qué criterios técnicos y sociales, priorizando las necesidades del sistema eléctrico nacional
Inversión privada: participación permitida, bajo nuevas reglas
El gobierno subrayó que el esquema no excluye al sector privado, sino que ordena su participación para evitar contratos desfavorables al Estado y asegurar que los proyectos contribuyan a la confiabilidad, continuidad del servicio y transición energética
No obstante, analistas del sector y representantes empresariales han señalado que el mayor control estatal, combinado con cambios regulatorios y procesos centralizados, es percibido por algunos inversionistas como un factor de riesgo, particularmente en proyectos de largo plazo que requieren alta certidumbre jurídica.
De acuerdo con especialistas, el control estatal no representa un rechazo automático a la inversión, pero sí eleva la importancia de reglas claras, tiempos definidos y estabilidad regulatoria para mantener el atractivo del sector eléctrico mexicano.
Pros y contras del modelo energético
A favor
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Refuerza la rectoría del Estado en un sector estratégico.
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Permite ordenar la expansión eléctrica conforme a una planeación nacional.
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Reduce riesgos de contratos asimétricos en perjuicio del sector público.
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Prioriza confiabilidad del sistema y seguridad energética.
En contra
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Puede generar percepción de menor certidumbre regulatoria para inversionistas.
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Limita la competencia en un sector intensivo en capital.
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Incrementa la presión financiera sobre la CFE para sostener la mayoría de la generación.
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La planeación centralizada puede enfrentar retrasos administrativos.
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El debate sobre el modelo energético se mantiene abierto, en un contexto donde el país busca equilibrar soberanía, transición energética e inversión, mientras crece la demanda eléctrica en distintas regiones del país.
