Ciudad de México, 22 de abril de 2026.-La presidenta Claudia Scheinbaum abordó el polémico operativo en la sierra de Chihuahua que terminó con la muerte de cuatro personas: dos agentes estadounidenses confirmados por fuentes, como miembros de la CIA, y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación del estado.
Sheinbaum informó que sostuvo diálogo con la gobernadora Maru Campos y envió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para aclarar los hechos.
La mandataria insistió en que ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni la Cancillería tenían conocimiento de la presencia de personal extranjero operando en campo. "No puede haber gente de Estados Unidos trabajando en campo, eso es claro", declaró, enfatizando que cualquier colaboración debe respetar protocolos federales y que se investiga posible violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución.
Según Sheinbaum, la Sedena participó en el desmantelamiento del laboratorio sin saber que entre los involucrados había agentes no mexicanos.
Este caso expone una contradicción preocupante en el discurso oficial. Mientras el gobierno federal levanta la bandera de la soberanía y exige explicaciones a Washington y a Chihuahua, queda en evidencia que un gobierno estatal (opositor) coordinó directamente con agentes de inteligencia estadounidense sin informar al Ejecutivo federal.
La presidenta lamentó las muertes, pero calificó el incidente como "un asunto de seguridad nacional" que "no es menor". Sin embargo, la reacción después del accidente sugiere que el control central sobre las operaciones de seguridad en estados clave sigue siendo frágil.
La presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano no es nueva en la lucha contra el narcotráfico, pero operar "en campo" sin acreditación clara ni conocimiento del gobierno federal viola principios básicos de soberanía que el propio régimen de la 4T ha defendido desde hace años. Sheinbaum recordó que existe colaboración formal con Estados Unidos, pero "no operaciones conjuntas" en terreno.
Aun así, el hecho de que la Sedena haya participado sin percatarse de la identidad real de algunos participantes revela fallas de inteligencia y coordinación interna que ponen en riesgo la seguridad nacional.
Más allá del accidente, el episodio deja abiertos varios puntos; un Estado coordinando con inteligencia extranjera a espaldas del gobierno federal en un tema tan sensible como laboratorios de drogas, el control efectivo del territorio.
La respuesta oficial se centra en exigir respeto a la soberanía y en abrir investigaciones, pero evita reconocer que la fragmentación de autoridad entre federación y estados agravada por tensiones políticas, crea espacios donde actores externos pueden moverse con relativa impunidad.
El gobierno de Scheinbaum proyecta firmeza retórica ("ningún agente extranjero puede operar en México"), pero la realidad mostrada por este caso es más incómoda: la dependencia de cooperación internacional en materia de seguridad persiste, y la capacidad del Estado mexicano para ejercer control pleno sobre su territorio sigue siendo limitada.
En lugar de un esquema claro de colaboración supervisada, lo que surge es un incidente que obliga a rectificaciones públicas y cartas diplomáticas después de los hechos consumados.Defender la soberanía es legítimo y necesario. Pero hacerlo solo cuando un accidente expone la operación, mientras se tolera o ignora la descoordinación interna, resulta inconsistente.
Este episodio en Chihuahua no solo cuestiona los límites de la colaboración con Estados Unidos, sino que revela las grietas profundas en el modelo de seguridad federalizado que el actual gobierno hereda y continúa. Mientras no se resuelva la tensión entre discursos soberanistas y la necesidad real de inteligencia compartida contra el crimen organizado, casos como este seguirán reproduciéndose, con costo en vidas y en credibilidad institucional.
La salud de la soberanía mexicana no se mide solo por declaraciones en la mañanera, sino por la capacidad efectiva de controlar quién opera en su territorio. Hasta ahora, el operativo de Chihuahua deja más dudas que certezas y expone que, en materia de seguridad, la "entropía" no solo es social: también es institucional.
