El crimen organizado en México se embolsa anualmente 3,600 millones de pesos (aproximadamente 180 millones de dólares) mediante la extorsión a productores de limón, según un informe publicado por El Universal. Esta cifra refleja la magnitud del control que ejercen los cárteles sobre uno de los cultivos más lucrativos del país, particularmente en estados como Michoacán, donde la producción de limón es vital para la economía local.
El reportaje detalla como grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, imponen cuotas a los limoneros, controlan los precios y manipulan las rutas de distribución. Esta práctica no solo afecta la rentabilidad de los productores, sino que también impacta directamente en el costo del limón para los consumidores, elevando los precios en el mercado nacional e internacional
La extorsión ha llevado a una reducción significativa en la producción de limón, con consecuencias económicas y sociales alarmantes. Productores como Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Productores Cítricos del Valle de Apatzingán, han denunciado públicamente estas prácticas, pagando con su vida por su valentía, ya que fue encontrado muerto en su vehículo tras reiteradas denuncias.
El informe del periódico El Universal destaca que esta situación no es nueva.
Desde 2011, los cárteles han visto en el limón una fuente de ingresos adicional, explotando la vulnerabilidad de los productores y la falta de presencia estatal efectiva en regiones rurales.
La extorsión no solo afecta a los limoneros, sino que también se extiende a otros cultivos como el aguacate, consolidando el control de los cárteles sobre vastas áreas agrícolas.
Esta noticia se suma a un contexto de inseguridad que ha permeado la agricultura mexicana, donde el crimen organizado ha diversificado sus fuentes de ingresos, pasando de drogas a actividades legales como la extorsión y el cobro de "derecho de piso".
La falta de estrategias efectivas para combatir esta amenaza ha generado preocupación entre productores, consumidores y autoridades.
El gobierno federal ha intentado intervenir, enviando tropas a Michoacán en años anteriores, pero la persistencia del problema sugiere que las medidas no han sido suficientes. Mientras tanto, los productores continúan enfrentando una disyuntiva: pagar las cuotas exigidas o arriesgarse a perderlo todo, incluyendo sus vidas.
