Ciudad de México, 20 de febrero de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum desató una nueva polémica al anunciar que llevará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una disputa para impedir que una organización civil utilice las siglas "CSP", coincidentes con sus iniciales. Lo que comenzó como un trámite administrativo escaló rápidamente a un debate nacional sobre poder, imagen y vanidad política.
La agrupación en cuestión, que busca su registro formal ante el Instituto Nacional Electoral, adoptó las siglas sin referencia oficial a la mandataria. Sin embargo, desde Palacio Nacional se argumentó que el uso podría generar confusión en el electorado y vincular indebidamente a la presidenta con un proyecto ajeno a su administración. El INE rechazó dictar medidas cautelares inmediatas, abriendo la puerta a que el caso escale al máximo tribunal electoral.
El episodio ha generado reacciones encontradas. Para algunos, se trata de una defensa legítima de identidad política en un entorno donde la marca personal tiene peso electoral. Para otros, la controversia revela una sensibilidad excesiva frente a un asunto menor, en un contexto nacional marcado por desafíos mucho más apremiantes.
En redes sociales, la discusión tomó un tono más ácido: críticas que acusan un acto de vanidad, memes que ironizan sobre la disputa por tres letras, y preguntas incómodas sobre prioridades gubernamentales. La oposición aprovechó para señalar que ningún cargo es permanente y que las instituciones deben estar por encima de las figuras individuales.
Más allá del desenlace jurídico, el caso abre una conversación más profunda: ¿es defensa institucional o exceso de personalización del poder? Porque mientras las siglas se litigan en tribunales, el reloj político sigue corriendo. Y como ha demostrado la historia democrática, los nombres pasan, los cargos terminan... y lo que queda es la percepción pública de cómo se ejerció el poder.
