Ciudad de México, 18 de febrero.- La presidente, Claudia Scheinbaum, convirtió en propaganda la entrega de entre 16 y 25 mil viviendas para los trabajadores, lo que es un derecho constitucional; lo etiquetó como justicia social, siendo una obligación establecida en el artículo 123 y operado desde hace más de cinco décadas por el Info
El Infonavit no depende de la voluntad política del momento. Es un organismo tripartita financiado con aportaciones patronales obligatorias y administrado con participación de trabajadores, empresarios y gobierno. Su existencia y función anteceden al actual sexenio.
En ese contexto, la presentación del programa como acto de "justicia social" ha sido interpretada por voces críticas como un intento de capitalizar políticamente una obligación institucional ya establecida por ley.
La administración puede ampliar metas, modificar esquemas de financiamiento o sumar subsidios a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Eso entra en el terreno legítimo de la política pública.
Pero el debate surge cuando se presenta el cumplimiento de un derecho laboral como si se tratara de una concesión extraordinaria del poder ejecutivo.
"El trabajador ya paga su vivienda con su propio esfuerzo, vía aportaciones patronales. No es un regalo del gobierno", señalan críticos del enfoque discursivo.
En México, la vivienda para trabajadores formales no es programa asistencial: es un derecho financiado estructuralmente por el sistema laboral. Convertirlo en símbolo ideológico puede ser eficaz políticamente, pero abre la discusión sobre los límites entre informar avances y construir propaganda.
El punto no es si se construyen más casas -eso es verificable-, sino si el discurso transforma una obligación constitucional en herramienta de posicionamiento político.
En un país donde los derechos sociales están plasmados en la Carta Magna, la pregunta no es menor:
¿se está fortaleciendo el derecho... o se está rentabilizando políticamente?
