En San Luis Potosí, el Congreso del Estado ha hecho un llamado importante a los organismos encargados del suministro de agua potable para que aseguren una distribución efectiva del líquido en cada domicilio. Además, se les ha solicitado que presenten informes claros y justificaciones detalladas sobre en qué se están invirtiendo los fondos recaudados por concepto de tarifas. La idea es que no solo cobren, sino que también rindan cuentas —¿quién no quisiera saber si su pago realmente se destina a mejorar el servicio?— y que expliquen con transparencia sus gastos.
En el marco de las reuniones que llevan a cabo con representantes de 21 organismos operadores del agua, el Congreso analiza las propuestas para la Ley de Cuotas y Tarifas del Agua de 2026. Durante estas sesiones, se revisó con detenimiento el modelo tarifario y la estructura de las propuestas, capítulo por capítulo. Como dato importante, se adelantó que los cambios en las tarifas —si hay o no aumentos— estarán vinculados al Índice Nacional de Precios Productores, una condición que ya estuvo presente en legislaturas pasadas. Es decir, que las tarifas se ajustarán conforme a la inflación y a los costos de producción, siguiendo una línea ya conocida y consensuada.
Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua, resaltó la importancia de que las instituciones puedan presentar un balance claro: cuánto dinero han recaudado, cómo lo están destinando y, crucialmente, qué justificación tienen para esos gastos. “Queremos entender en qué se está invirtiendo cada peso que aportan los usuarios —porque al final, el pago de tarifas no solo es un trámite, sino una responsabilidad compartida—”, explicó.
Por su parte, Rodrigo Lecourtois, director del Instituto de Fiscalización del Estado, hizo un llamado directo a los responsables de estos organismos. Les pidió que propongan soluciones basadas en la realidad local, que garanticen un servicio continuo y confiable —porque, en definitiva, lo que busca la población es simplemente tener agua en sus tomas, sin complicaciones ni interrupciones.
Todo esto quedó registrado y ratificado por el Congreso, que dejó asentado el compromiso de los 21 organismos del agua en el estado. La intención —clara y firme— es dar seguimiento puntual a estos acuerdos y que, en el proceso de elaboración del Presupuesto 2026, se reflejen acciones transparentes y responsables en la gestión del recurso hídrico.
