Ciudad de México, 11 de marzo de 2026.- La Secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, se presentó en la mañanera a ofrecer un acuerdo entre el Gobierno federal y empresas tecnológicas como TikTok, YouTube, Google y Meta, con lo que busca -inutilmente- reducir la violencia digital contra mujeres mediante protocolos que faciliten la denuncia y la eliminación de contenido ofensivo en redes sociales.
Aunque la iniciativa se presenta como una estrategia para proteger a las víctimas de agresiones en internet, también ha generado críticas. Uno de los principales cuestionamientos es que este tipo de acuerdos no aborda la raíz del problema, sino únicamente sus manifestaciones en las plataformas digitales.
La violencia en redes sociales no surge únicamente por la existencia de contenido ofensivo, sino por problemas más profundos en la cultura y la educación de la sociedad. Si las personas continúan reproduciendo actitudes de agresión, acoso o desprecio en la vida cotidiana, esas mismas conductas terminarán reflejándose en internet, sin importar cuántos protocolos de moderación existan.
Desde esta perspectiva, algunos críticos consideran que iniciativas de este tipo pueden convertirse en medidas superficiales que implican recursos y esfuerzos administrativos, pero que no transforman las condiciones que generan la violencia. En lugar de centrarse únicamente en eliminar publicaciones, se argumenta que el enfoque debería dirigirse hacia la educación, la formación en valores y la construcción de una cultura digital responsable.
El debate, por lo tanto, no gira solamente en torno a la eliminación de contenidos, sino a una pregunta más profunda: si es posible resolver un problema social mediante mecanismos tecnológicos, o si la solución real requiere cambios educativos y culturales dentro de la sociedad.
