Ciudad de México, 22 de mayo de 2026.-Detrás de los saludos protocolares y la narrativa oficial de "cooperación con respeto a la soberanía", la visita de urgencia a Palacio Nacional de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Interior (DHS) de los Estados Unidos, fue para advertir al gobierno de Claudia Scheinbaum una sola cosa: "no estamos jugando".
La comitiva estadounidense arribó a la capital mexicana con dos expedientes bajo el brazo que han fracturado la confianza en Washington: la defensa presidencial a las acusaciones formales por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la reciente muerte de dos agentes de la CIA en la zona serrana de Chihuahua que se sospecha, es un atentado disfracado de accidente.
Mientras el Gobierno mexicano intentó posicionar un discurso de "coordinación sin subordinación" y límites a las agencias extranjeras, la delegación de la Casa Blanca dejó en claro que la paciencia de la administración Trump respecto al control de la frontera y el fentanilo está agotada, especialmente tras comprobarse la infiltración del crimen organizado en los altos niveles de la política local.
El principal detonante del endurecimiento de Washington ocurrió a finales de abril, cuando la Fiscalía de Nueva York emitió acusaciones formales por narcotráfico y posesión de armas contra 10 funcionarios y exfuncionarios en Sinaloa, arrastrando al gobernador morenista Rubén Rocha Moya y al alcalde de Culiacán. Para el Departamento de Justicia estadounidense, la entrega voluntaria de dos de estos exfuncionarios a las autoridades de EE. UU. la semana pasada confirma la solidez de sus indagatorias.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum descartó públicamente haber abordado estas acusaciones específicas durante la reunión bilateral, para la comitiva de Mullin el caso Sinaloa representa la prueba de que el combate al narcotráfico en México se encuentra obstaculizado por la colusión institucional.
Operaciones en la sombra: el caso de la CIA
Otro punto de fricción directa en la mesa fue el incidente del pasado 19 de abril en los límites entre Chihuahua y Sinaloa, donde dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense perdieron la vida en un barranco durante el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas.
El suceso desató una protesta diplomática por parte del gobierno de Sheinbaum, que reclamó no haber sido informado de las operaciones de agentes extranjeros en el país. Sin embargo, desde la perspectiva del DHS, el hermetismo y la desconfianza hacia las corporaciones federales mexicanas justifican la recolección de inteligencia independiente en los estados fronterizos de la zona del Pacífico.
Para contrarrestar la narrativa de presión, la cancillería mexicana exhibió que los cruces irregulares en la frontera común han alcanzado su nivel más bajo en 50 años, exigiendo a su vez compromisos en el freno al contrabando de armas hacia los cárteles.
No obstante, las declaraciones de Mullin al término del encuentro, apuntando a mantener un control férreo bajo la premisa de "Hacer a América Segura de Nuevo", confirman que Washington mantendrá una postura de tutela operativa. La Casa Blanca no ve en México a un socio pleno en igualdad de condiciones, sino a una zona de contención cuyo gobierno debe limpiar su propia casa antes de exigir el retiro de las agencias de inteligencia estadounidenses.
