En su conferencia del 17 de febrero, la mandataria adelantó que la propuesta ya está trabajada y forma parte de los pendientes de la llamada transformación. El eje discursivo fue contundente: "fortalecer la democracia" y hacer valer el principio de que "el pueblo manda".
Sin embargo, detrás del anuncio emergen preguntas de fondo.
El señalamiento al modelo actual
Sheinbaum sostuvo que el sistema electoral mexicano es costoso y que debe revisarse el funcionamiento de los organismos encargados de organizar las elecciones. No habló de cifras concretas ni de estructuras específicas, pero dejó entrever que el diseño vigente arrastra inercias del "régimen anterior".
El mensaje no es menor. Cada vez que se cuestiona la arquitectura electoral, el debate se traslada inevitablemente al equilibrio de poderes y a la autonomía institucional.
¿Reforma administrativa o rediseño político?
Aunque la presidenta no explicó si la iniciativa tocará temas como financiamiento a partidos, representación proporcional o estructura de los órganos electorales, el tono empleado sugiere que no se tratará de un ajuste menor.
La narrativa fue política: democratizar, abaratar, acercar el poder al pueblo.
Pero la pregunta es inevitable:
¿Se trata de una modernización institucional o de un reacomodo que podría concentrar más poder en el Ejecutivo y en la mayoría legislativa?
El contexto
El anuncio ocurre en un momento donde el oficialismo mantiene fuerza parlamentaria y capacidad de impulsar reformas estructurales. En ese escenario, cualquier modificación al sistema electoral deja de ser técnica y se vuelve estratégica.
La reforma aún no se presenta formalmente. No hay texto, no hay dictamen, no hay números.
Pero el mensaje ya está lanzado.
Y en política, el mensaje importa tanto como el contenido.
La discusión apenas comienza.
