México, 08 de octubre 2025.- El líder del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, tiene un terreno en una playa en Campeche que compró a 33 centavos el metro cuadrado que había ocultado desde el 2014.
Se trata de una extensa franja costera adquirida por él en el municipio de Champotón, Campeche -a un precio simbólico- y cuyo valor actual, estiman analistas, supera los 450 millones de pesos.
Según documentos públicos y reportes periodísticos, el terreno en cuestión tiene una extensión de cerca de 305 mil metros cuadrados (unos 30.5 hectáreas) y fue adquirido en 2014 por apenas 100 mil pesos, lo que equivale a unos 33 centavos por metro cuadrado.
Cuatro días después de recibir la constancia de mayoría como gobernador electo, Moreno habría escriturado la propiedad (19 de junio de 2015), e incluso en 2016 obtuvo de la Semarnat una concesión para "usar, ocupar y explotar" una zona federal marítima-costera colindante al predio.
*El valor real vs. el precio de adquisición
Mientras que en aquella época el costo real del suelo en esa zona costera rondaba ya entre 1,250 y 1,500 pesos por metro cuadrado, la operación de compra realizada por Moreno representa una diferencia escandalosa: la adquisición por centavos frente al valor de mercado estimado actual.
Esa brecha ha alimentado acusaciones de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, pues se presume que fueron favorecidas las condiciones para que la operación se hiciera en esos términos.
*Permisos y uso de la zona federal
El punto clave para legitimar la operación, de acuerdo con los registros, fue la concesión otorgada por Semarnat, mediante la cual Moreno podría instalar palapas y aprovechar hasta 10 mil metros cuadrados de la franja federal con fines recreativos o comerciales, en tanto la concesión vigente fue autorizada para una vigencia de 15 años.
Sin embargo, críticos y opositores denuncian que las concesiones de zonas federales sólo pueden gestionarse si el solicitante es realmente propietario del terreno, lo que abre interrogantes sobre la legalidad de la operación inicial.
*Reacciones, señalamientos y defensa
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha sido una de las voces más críticas. Desde su programa "Martes del Jaguar", la mandataria ha denunciado que existe una "notoria desproporción" entre los ingresos de Moreno como servidor público y los bienes adquiridos, y la ha acusado de usar intermediarios ("prestadores de nombre") para ocultar operaciones.
Moreno, por su parte, ha rechazado las acusaciones afirmando que se trata de una campaña de difamación. Alega que los medios están manipulando información para perjudicar su imagen política.
*Implicaciones políticas y legales
Este asunto no es aislado: se suma a una serie de denuncias en su contra, entre ellas la solicitud de desafuero por presunto desvío de recursos públicos en Campeche, presentada por la Fiscalía estatal recientemente.
Además, recientemente el gobierno estatal dio un paso controversial al expropiar terrenos registrados a nombre de la madre de Moreno, con la intención de construir una universidad, lo que ha sido interpretado por algunos como un movimiento simbólico en respuesta al escándalo de la "playa privada".
Conclusión
El escándalo de la "Playa Alito" combina elementos de especulación inmobiliaria, concesiones federales y desgaste político. Aun cuando Moreno defiende su actuación, los medios y opositores advierten que el caso podría tener consecuencias legales, especialmente si la Fiscalía y órganos de control profundizan las investigaciones. Este episodio alimenta la narrativa de impunidad que acompaña al país, y sitúa nuevamente en el centro del debate público la responsabilidad de los que gobiernan sobre los bienes de uso común.
