Ciudad de México, 29 de noviembre de 2025.- La investigación penal que la Fiscalía General del Estado de Campeche mantiene abierta desde 2021 contra el diputado federal y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de funciones públicas, acumula cuatro años sin resultados judiciales relevantes.
Las diligencias, iniciadas durante la administración de Layda Sansores San Román, se centran en el incremento patrimonial del exgobernador de Campeche (2015-2019), que incluye la adquisición de por lo menos 12 inmuebles de alto valor, entre ellos una residencia de 980 metros cuadrados en el centro histórico de Campeche, valuada en más de 50 millones de pesos, y terrenos costeros en Champotón registrados a nombre de empresas vinculadas a familiares directos.
Fuentes de la fiscalía estatal confirmaron que el Ministerio Público ha solicitado en tres ocasiones el desafuero de Moreno Cárdenas ante la Cámara de Diputados (2022, 2023 y 2024), pero los procedimientos han sido desechados por errores en la integración de las carpetas de investigación y fallas en la notificación personal al legislador.
En el primer caso, la Sección Instructora de la Cámara detectó que la cita al imputado se realizó en un domicilio incorrecto.
En el segundo, parte de la evidencia bancaria fue obtenida sin autorización judicial, lo que derivó en la nulidad de las actuaciones.
El tercer intento, presentado en agosto de 2024, permanece congelado por una suspensión definitiva otorgada por un juez federal de amparo.
A la fecha, la Fiscalía de Campeche ha logrado el aseguramiento precautorio de cinco predios y mantiene congeladas 11 cuentas bancarias relacionadas con el caso, medidas que también han sido impugnadas por la defensa del líder priista.
Por su parte, Alejandro Moreno ha negado en todo momento las acusaciones y las ha calificado como "persecución política" instrumentada desde el gobierno estatal y federal.
A través de su equipo jurídico, ha obtenido al menos 27 amparos que han paralizado o revertido actuaciones de la autoridad investigadora.Analistas consultados por este semanario coinciden en que, sin una reforma que fortalezca los mecanismos de coordinación entre fiscalías locales y el Congreso federal, casos de alto perfil político seguirán enfrentando obstáculos procesales que prolongan indefinidamente su resolución.
La actual legislatura federal concluye en agosto de 2027. De no lograrse el desafuero antes de esa fecha, cualquier acción penal en su contra prescribiría al concluir su fuero constitucional, según lo establece el artículo 111 de la Constitución.
