Ciudad de México, 19 de noviembre de 2025.- La propuesta de Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) presentada por la Presidente, Claudia Scheibaum abre un ciclo más de incertidumbre en las comunicaciones en México.
Según especialistas, le entrega un control casi sin límites al Estado sobre infraestructura, datos y contenido, en un movimiento que críticos ya definen como "la más profunda recentralización comunicacional desde 2014".
La reforma modifica aspectos esenciales de la preponderancia, el acceso a infraestructura, la neutralidad de la red, la retención de datos, así como los derechos de las audiencias, la otorgación de concesiones y las facultades del IFT, lo que podría alterar el balance constitucional en materia de competencia y libertad de información.
La iniciativa propone redefinir los criterios del Agente Económico Preponderante (AEP) previstos en el artículo 28 constitucional y en los artículos 262-264 de la LFTR.
El cambio permitiría que la determinación de preponderancia ya no se base únicamente en participación nacional, sino también en indicadores regionales o segmentados.
El razonamiento artificial advierte que esto abre la puerta a cambiar al AEP "según convenga políticamente", debilitando el principio constitucional de "competencia efectiva", pilar fundamental del modelo creado en 2013-2014.
"Mover el parámetro es mover al regulado. Y mover al regulado es mover el mercado", advierte un excomisionado entrevistado.
La reforma toca los artículos 118, 120 y 122 sobre acceso a infraestructura pasiva -ductos, postes, torres, fibra- y podría otorgar al Estado y a ciertos operadores prerrogativas ampliadas para imponer tarifas, condiciones o prioridades de uso.
Esto genera inquietud entre operadores y académicos: al cambiar los criterios para compartir infraestructura, el Estado podría tener capacidad de "premiar aliados y castigar críticos", en un sector que la Constitución obliga a regular bajo principios de neutralidad y no discriminación (Art. 28).
Las modificaciones al artículo 145 de la LFTR, referente a neutralidad de la red, permiten prácticas de "gestión de tráfico" más amplias y ambiguas.
El riesgo, dicen especialistas del IFT y del sector académico, es que dichas prácticas puedan convertirse en mecanismos de priorización pagada, afectando directamente el acceso equitativo a contenidos, servicios y plataformas.
La Constitución, en su artículo 6°, garantiza que el Estado debe asegurar condiciones para el acceso libre y sin interferencias a la información.
La reforma, advierten, abre un margen interpretativo contrario a este mandato.
Los cambios a los artículos 189 y 190 -de retención de datos y geolocalización- permitirían un acceso ampliado por parte de autoridades, reduciendo requisitos de temporalidad y urgencia.
Juristas advierten que estas modificaciones pueden contravenir criterios de la Suprema Corte sobre proporcionalidad, necesidad y control judicial en la intervención de comunicaciones, establecidos a partir de la acción de inconstitucionalidad 32/2012 y posteriores tesis aisladas.
La reforma también modifica disposiciones relacionadas con los derechos de las audiencias (arts. 256-259 bis), la publicidad y el "must carry / must offer".
Organizaciones civiles señalan que estos cambios reducen obligaciones de transparencia y podrían flexibilizar la vigilancia del contenido transmitido en radio y TV.
Esto contradice el mandato constitucional de garantizar pluralidad y evitar concentración artificial de líneas editoriales.
Cambios a los artículos 28-30 de la LFTR endurecen la obtención de concesiones comunitarias e indígenas, mientras mantienen sin cambios sustantivos los criterios para concesiones comerciales.
La reforma podría fortalecer un sistema de permisos "dependiente de voluntad política" más que de criterios técnicos, contraviniendo la obligación constitucional de garantizar acceso equitativo al espectro radioeléctrico.
La reforma propone recortes y límites a facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano autónomo creado por la reforma constitucional de 2013.
Al reducir su margen para imponer sanciones o definir parámetros técnicos y de competencia, el Estado recupera indirectamente poder sobre un sector que la Constitución ordena mantener libre de interferencias políticas.
Un IFT debilitado crea un marco regulatorio donde el gobierno manda y el mercado obedece.
Si se aprueba en los términos actuales, México pasará de un modelo autónomo y competitivo a un modelo centralizado, donde el gobierno deja de ser árbitro y se convierte en jugador y juez del sistema de telecomunicaciones.
