El Senado de Estados Unidos dejó en suspenso esta semana el futuro del financiamiento público, rechazando ambas propuestas de ley, tanto la respaldada por los republicanos en la Cámara de Representantes como la planteada por los demócratas. Con la medianoche como límite, crece la posibilidad de un inminente cierre del Gobierno —una situación que ya comienza— a sentirse en el ambiente político.
La Oficina de Administración y Presupuesto del país emitió un memorando urgente, instando a las agencias federales a poner en marcha sus protocolos para un cierre coordinado. No se trata de una amenaza lejana: los departamentos afectados ya deben prepararse para detener operaciones y asegurar una transición ordenada en caso de que el presupuesto no se apruebe a tiempo.
El ambiente en Washington continúa tenso. El vicepresidente J.D. Vance responsabilizó a los demócratas por la falta de acuerdo, acusándolos de anteponer sus intereses políticos a las necesidades nacionales. Sin embargo, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, fue claro al reconocer profundas discrepancias —sobre todo en temas de salud pública— y lanzó la pelota al tejado republicano: “Si se produce el cierre del Gobierno, la decisión estará en manos de ellos”, puntualizó.
Un cierre del Gobierno federal tiene consecuencias inmediatas y tangibles: la suspensión de servicios públicos considerados no esenciales, descanso forzoso para miles de empleados y el cese temporal de muchas labores administrativas. La incertidumbre, una vez más, se apodera del funcionamiento público en Estados Unidos.
