Agencia Reuters, 18 de octubre 2025.-La administración de Donald Trump desató un nuevo frente en su guerra contra el narcotráfico: revocó las visas de más de 50 políticos mexicanos, entre ellos funcionarios, exgobernadores y legisladores vinculados a Morena y a partidos aliados del gobierno federal.

La medida, según fuentes diplomáticas citadas por Reuters, forma parte de una ofensiva más amplia para sancionar a políticos señalados por corrupción, lavado de dinero y complicidad con el crimen organizado.

La causa: un gobierno que mira hacia otro lado

Desde hace meses, agencias estadounidenses -entre ellas la DEA, el Departamento del Tesoro y el FBI- documentan cómo autoridades locales y federales mexicanas han frenado investigaciones, manipulado procesos judiciales y encubierto operaciones del narco en estados estratégicos.
El endurecimiento de Washington refleja la desconfianza total hacia el gobierno mexicano, al que acusan de permitir que el crimen penetre estructuras públicas bajo el discurso de "soberanía nacional".

Un mensaje con nombre y apellido

Aunque no se ha publicado la lista completa, diplomáticos revelaron que entre los sancionados habría figuras cercanas a gobernadores morenistas y exfuncionarios con denuncias por enriquecimiento ilícito.
El mensaje de Estados Unidos es claro: no habrá trato preferencial para quienes usan el poder como escudo del crimen.
Y el hecho de que la medida provenga directamente del Departamento de Estado -no del Tesoro- la convierte en una advertencia política más que judicial.

Palacio Nacional en silencio... otra vez

Como suele ocurrir, el gobierno mexicano evitó pronunciarse oficialmente.
Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni el presidente dieron respuesta formal, limitándose a señalar que "no se ha recibido notificación diplomática alguna".

Pero en los pasillos del poder se sabe que la relación bilateral está al borde de una crisis, y que esta acción podría impactar negociaciones clave en migración, energía y seguridad fronteriza.

La línea roja: la corrupción institucionalizada

Estados Unidos ha pasado de perseguir cárteles a apuntar directamente a quienes los protegen desde el Estado mexicano.
Este giro significa que, para Washington, la corrupción política mexicana ya es un asunto de seguridad nacional.
Mientras tanto, dentro del país, los mismos de siempre fingen sorpresa, apelan al nacionalismo y acusan "injerencia extranjera", cuando en realidad es el costo de años de impunidad, encubrimiento y simulación.