La tensión política repuntó en Ecuador luego de las declaraciones de John Reimberg, ministro del Interior, quien advirtió que las autoridades no solo arrestarán a quienes causen disturbios durante las protestas, sino que también perseguirán a quienes estén detrás de su organización y financiamiento —los llamados “autores intelectuales” de la violencia—. Aunque no mencionó explícitamente nombres, quedó claro que sus palabras apuntaban hacia Luisa González, líder de Revolución Ciudadana (RC) y ex candidata presidencial, desatando así una nueva disputa pública entre el correísmo y el gobierno de Daniel Noboa.
Este cruce de acusaciones ocurre en plena huelga nacional encabezada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que suma ya once días en los que no ha faltado el cierre de carreteras, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, además de serias denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares. Hasta hace poco, RC mantenía un bajo perfil en estas protestas, pero las palabras del ministro Reimberg cambiaron el tablero político.
Durante una entrevista en Teleamazonas, el ministro fue tajante: Policía y Fuerzas Armadas actuarán donde se presenten actos violentos. “Detendremos a quienes estén provocando desorden en cualquier punto del país. Y no solo a los autores materiales, sino también a quienes financian y promueven el caos, dañan propiedad ajena, y buscan desestabilizar; ellos también responderán ante la justicia”, remarcó. Al ser interrogado sobre a quién se refería, aludió a figuras públicas que —según dijo— no aceptan la derrota y ahora anuncian que darán comida a los manifestantes en zonas conflictivas.
Reimberg fue más allá, sugiriendo que Revolución Ciudadana ni siquiera logró inscribirse formalmente en la campaña opositora a la consulta popular propuesta por el gobierno. Según él, el correísmo intenta desestabilizar al Ejecutivo valiéndose del respaldo de “pseudolíderes indígenas”.
La reacción de Luisa González no tardó en llegar. Usando su perfil en X, acusó al ministro de anteponer el choque con la oposición mientras muestra una actitud complaciente con figuras del crimen organizado. Ironizó sobre el destino de los recursos públicos en seguridad y lo criticó por “sentarse tranquilamente ante delincuentes, pero atacar con dureza al pueblo”.
Las declaraciones de Reimberg no son menores, dadas las circunstancias: el paro indígena ha puesto a prueba la capacidad de negociación del gobierno de Noboa y ha tensado la relación entre las comunidades indígenas y el poder estatal. Aunque se han abierto espacios de diálogo, los episodios de violencia captan la atención de los medios, aumentando la presión sobre las autoridades. Según el ministro, su prioridad es mantener el orden y no tolerar que “unos pocos, por intereses políticos, detengan el país”. Dijo también que quienes se nieguen a trabajar, “que se queden en casa, pero que no impidan que la mayoría de ecuatorianos pueda hacerlo”.
Este enfrentamiento con González representa un nuevo flanco en el escenario político. Tras la derrota electoral en 2025, el correísmo trata de reposicionarse en medio de la crisis social, mientras el gobierno lo acusa de utilizar las movilizaciones para debilitar la consulta popular orientada por Noboa. Existiría incluso la posibilidad de un proceso judicial contra González, luego de ser señalada como presunta “autora intelectual” de la violencia. Esto podría polarizar aún más a la sociedad ecuatoriana.
A este clima se suma la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de negar la inscripción a Revolución Ciudadana para participar oficialmente en la campaña de la Consulta Popular y el Referéndum. Así, RC no podrá promover el “No” como partido organizado.
