Ciudad de México, 13 de mayo de 2026.-La Sección 702 de la ley FISA permite a la NSA, FBI y DEA interceptar de forma legal y sin orden judicial individual las comunicaciones de cualquier extranjero fuera de Estados Unidos.
Lo anterior se puso al descubierto luego que el director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, Kash Patel, respondiera al senador Jhon Kenedy sobre los alcances que tiene la sección 702 de la ley FISA.
En la práctica, esto significa que altos funcionarios, gobernadores, legisladores, generales y mandos policiales mexicanos pueden estar bajo vigilancia en todo aparato inteligente con acceso a internet si se considera que existe un interés de inteligencia nacional (narcotráfico, corrupción o amenazas al territorio estadounidense).
Durante una audiencia en el Senado esta semana, el director del FBI, Kash Patel, respondió de manera directa al senador John Kennedy cuando se le preguntó por qué no se requieren órdenes judiciales para estas intercepciones:
"La recopilación ya se realiza legalmente bajo la ley federal de personas en el extranjero. Para defender la patria adecuadamente sería imposible obtener causa probable porque no podemos revelar la fuente de inteligencia."
Esta declaración confirma lo que durante años se ha manejado en círculos de inteligencia: no solo los cárteles, sino también importantes sectores de la clase política mexicana están dentro del alcance de la vigilancia estadounidense.
Alcance real de la infiltración
La Sección 702 autoriza la recolección masiva de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, Signal, llamadas y datos de internet de objetivos extranjeros. Entre los perfiles de alto interés para EE.UU. se encuentran:
- Gobernadores y exgobernadores con posibles vínculos a cárteles.
- Secretarios de Seguridad, Defensa y Marina.
- Altos mandos de la Guardia Nacional y policías estatales.
- Legisladores y operadores políticos clave en estados calientes (Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, etc.).
- Cualquier funcionario que mantenga contacto frecuente con objetivos ya vigilados (narcotraficantes o sus intermediarios).
Aunque no se trata de una "vigilancia absoluta" de todos los políticos mexicanos, la cobertura es amplia y unilateral. Una vez que las comunicaciones entran al sistema, las agencias estadounidenses pueden consultarlas posteriormente sin necesidad de nuevo permiso judicial en la mayoría de los casos.
