Monterrey, 25 de febrero de 2026.-El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha dejado de ser únicamente una organización dedicada al tráfico de drogas para convertirse en un actor con un impacto profundo y devastador en las economías rurales, no solo de México, sino de diversos puntos en América Latina.
A través de una estrategia de diversificación criminal, este grupo ha logrado infiltrarse en sectores productivos clave, transformando actividades lícitas en fuentes de financiamiento mediante la extorsión, el control de precios y la explotación de recursos naturales.
En México, uno de los sectores más golpeados es el de la agricultura, particularmente la producción de aguacate y limón en estados como Michoacán.
El CJNG impone cuotas a los productores por cada hectárea cultivada o kilo comercializado, lo que asfixia a los pequeños agricultores y altera los precios en el mercado nacional e internacional. Esta dinámica se repite en la industria pesquera, donde el cártel no solo exige pagos a las cooperativas, sino que en ocasiones toma el control total de la distribución de productos marinos, desplazando a las autoridades y estableciendo sus propias reglas comerciales.
La influencia de la organización se extiende más allá de las fronteras mexicanas, alcanzando regiones críticas de Sudamérica. Un aspecto particularmente alarmante es su involucramiento en la minería ilegal de oro, especialmente en zonas amazónicas.
En este sector, el CJNG no solo extrae el mineral de forma clandestina, sino que también controla el tráfico de mercurio, un insumo químico altamente tóxico y regulado que es esencial para separar el oro. El manejo negligente de estas sustancias ha provocado desastres ambientales severos, contaminando ríos y afectando la salud de las comunidades indígenas y rurales que dependen de esos ecosistemas.
Este fenómeno evidencia una transición hacia lo que expertos denominan como "gobernanza criminal", donde el cártel actúa como un regulador económico de facto. Al controlar desde la producción de alimentos hasta la extracción de metales, el CJNG debilita el tejido social y la soberanía de los Estados, obligando a las poblaciones locales a subsistir bajo un régimen de miedo y dependencia económica.
La expansión de estas actividades ilícitas sugiere que el desafío para la región no es solo de seguridad pública, sino también un reto urgente de carácter económico, ambiental y de derechos humanos.
