Ciudad de México, 24 de noviembre de 2025.-La iniciativa de la nueva Ley General de Aguas, impulsada por el gobierno, ha generado incertidumbre y una ola de protestas entre agricultores y ganaderos; incluye prohibir la venta, herencia o traspaso de concesiones de agua entre particulares, lo que podría dejar a muchos productores sin derecho a usar el recurso, aunque sigan siendo dueños de sus pozos.
El director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales, declaró que con la reforma se busca fortalecer la rectoría del Estado y eliminar lo que califican de "mercado ilegal de concesiones".
Además, se propone la creación de un fondo para reasignar volúmenes de agua recuperados por cancelaciones.
Entre las medidas más graves está la obligación de devolver concesiones al Estado si no se usan, así como nuevas sanciones severas: según la iniciativa, quienes transmitan ilegalmente sus títulos podrían enfrentar multas de hasta 5 millones de pesos o incluso prisión.
Para los agricultores, el impacto es directo; la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR) alertó que esto podría provocar una caída en el valor de la tierra, porque el agua ya no se hereda automáticamente.
En el campo, los líderes han planteado en público que la medida representa una "pérdida de autonomía" y piden que se modifique el proyecto.
Además, la reforma prevé priorizar el uso doméstico del agua en zonas donde los acuíferos están sobreexplotados, lo que podría reducir los volúmenes concesionados a productores.
Desde el gobierno defienden que es una ley para poner orden, garantizar el derecho humano al agua y evitar abusos, pero algunos académicos advierten que no tocará a las "élites del agua": grandes concesionarios podrían quedar fuera de las obligaciones reales.
En respuesta, organizaciones campesinas han convocado un paro nacional para el 24 de noviembre, con bloqueos de carreteras y aduanas, exigiendo que se revise el texto de la ley antes de su aprobación.
