Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un individuo que presuntamente efectuó disparos frente a la estación Centro Médico del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), en la alcaldía Cuauhtémoc. Esta acción se derivó de reportes recibidos por operadores del Centro de Comando y Control (C2) sobre detonaciones en la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3, en la colonia Roma Sur, lo que movilizó a policías capitalinos al lugar para atender la emergencia.
Al llegar al sitio, una persona declaró que momentos antes había sostenido una discusión con un hombre en las escaleras de la estación, quien posteriormente sacó un arma de fuego y realizó disparos al suelo. Tras un operativo de búsqueda, los oficiales localizaron al presunto responsable y, durante la revisión de seguridad conforme a los protocolos establecidos, le aseguraron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles distribuidos en tres cargadores, así como una identificación vigente de una dependencia federal militar.
El detenido, de 54 años, fue notificado sobre sus derechos constitucionales y posteriormente trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su —situación legal—. La legislación de la Ciudad de México contempla que realizar disparos de arma de fuego en espacios públicos, sin una razón justificada, puede acarrear penas que van de dos a cinco años de prisión. Pero, ¿qué se considera "justificado" en este contexto? La ley establece que cualquier acción que busque proteger la vida, la integridad física o el patrimonio propio o de otras personas puede ser considerada justificada.
Sin embargo, fuera de estos casos, los responsables enfrentan sanciones legales que se agravan si los disparos provocan lesiones o la muerte de otra persona. Por ejemplo, quien cause la muerte de alguien a través de un arma de fuego puede recibir entre ocho y veinte años de prisión. Las lesiones tienen castigos escalonados según su gravedad: si las heridas tardan entre quince y sesenta días en sanar, la pena puede ir de seis meses a dos años; si la recuperación supera los 60 días, se establecen de dos a tres años y medio de prisión.
Las consecuencias legales son aún más severas cuando los disparos afectan la funcionalidad de órganos o miembros. La ley contempla penas de tres a cinco años si se reduce alguna facultad, y de seis a ocho años si se pierde alguna función vital, se produce deformidad o la vida de la víctima queda en peligro. En suma, la legislación capitalina busca restringir los disparos al aire libre y proteger tanto la integridad física como la seguridad de la población.
