Ciudad de México, 19 de noviembre de 2025.- La Jefa de Gobierno, Luisa María Alcalde filtró a los medios de información un documento sobre uno joven que se manifestó en la marcha de la "Generación Z"; una factura de 2.1 millones de pesos para gestionar su estrategia digital, violando las garantías ciudadanas y su derecho a la reserva de datos.
Alcalde excusó ese abuso en que la marcha no era ciudadana, sino, una operación política de la derecha, despojando ideológicamente a todo aquel que naciera en México, y que perteneciera al PAN, de su calidad de ciudadano.
El problema, advierten especialistas y organizaciones civiles, es que fichó a un ciudadano: lo exhibió ante la opinión pública independientemente de sus preferencias ideológicas, lo vinculó políticamente sin un proceso legal y reveló información que debería estar protegida por leyes de datos personales.
A Alcalde no le importó nada de esto, y defendió su acción diciendo que la marcha NO ERA CIUDADANA, sino "una operación política de la derecha". Pero al mostrar datos personales, abrió un debate mayor:
¿Puede un partido usar su maquinaria pública para identificar, exhibir y presionar a ciudadanos que participan en manifestaciones?
La difusión del contrato coloca al joven en riesgo de acoso, represalias o incluso violencia, más aún en un contexto de polarización. Organizaciones han advertido que este tipo de prácticas podrían constituir fichaje político, una forma de registro y señalamiento de civiles por motivos ideológicos.
La discusión ya rebasó el caso individual:
Se cuestiona si el gobierno y su partido están construyendo listas, perfiles o expedientes sobre manifestantes, influenciadores o críticos, bajo pretexto de "transparentar intereses", pero violando garantías civiles básicas como la privacidad, la libre asociación y la protesta.
